«No se puede dar de alta sin seguir un procedimiento».
Isabel Pardo de Vera a Koldo García, el 25 de febrero de 2019, sobre la contratación de Jésica Rodríguez. Mensaje recogido en el auto de la Audiencia Nacional del 21 de julio de 2025.
Para conseguir un empleo público, uno suele necesitar un currículum, cumplir los requisitos y esperar. Jésica Rodríguez tenía, además, a Koldo pendiente de los trámites y a la presidenta de ADIF contestando sus mensajes. La igualdad de oportunidades, con servicio de seguimiento.
Isabel Pardo de Vera conocía la Administración y sus reglas. Había dirigido obras y ocupado puestos de responsabilidad antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa. Su caso plantea una pregunta incómoda: ¿de qué sirven los procedimientos cuando el entorno del ministro tiene acceso directo a quien dirige la organización?
La ingeniera ya estaba allí
Ingeniera de Caminos, trabajaba en ADIF desde 2007. Tras pasar por la dirección de obras, la gestión de infraestructuras y la Diputación de Pontevedra, regresó en junio de 2016 como directora general de Explotación y Construcción, durante el Gobierno del PP. Su currículo oficial acredita experiencia en el sector.
El Gobierno de Sánchez la elevó a la presidencia de ADIF el 29 de junio de 2018, a propuesta de Ábalos. En julio de 2021, después de la salida del ministro, el Consejo de Ministros la nombró secretaria de Estado a propuesta de Raquel Sánchez.
A Sánchez le aportó capacidad técnica para ejecutar la política de su Gobierno. Su ascenso sobrevivió al relevo de Ábalos. Eso permite hablar de confianza institucional; no acredita una amistad privada ni órdenes personales del presidente sobre los asuntos investigados.
En ADIF presidía el consejo, dirigía la entidad y ejercía competencias de contratación, con facultades reservadas al consejo y procedimientos de evaluación técnica. Como secretaria de Estado asumió responsabilidades de planificación y supervisión sobre transportes, infraestructuras y vivienda. No decidía sola. Tampoco era una espectadora.
El currículum que no viajaba solo
Pardo de Vera sostiene que únicamente trasladó el currículum de Jésica a Ineco, donde no tenía facultades para contratar. También afirma que, cuando conoció su relación con Ábalos, intervino para impedir la renovación por conflicto de intereses. Esa es su explicación pública.
La sentencia del Supremo del 22 de junio de 2026, dictada contra Ábalos, Koldo y Aldama, describe una intervención mayor: atribuye a la presidencia de ADIF un impulso decisivo en la contratación y recoge gestiones para que Jésica pasara de Ineco a Tragsatec. Valora, además, testimonios sobre indicaciones para que dejaran de reclamarle explicaciones laborales. Según el tribunal, cobró sin trabajar.
La diferencia entre reenviar un currículum y procurar una colocación es considerable. Para influir en un expediente no siempre hace falta ser quien firma el contrato.
La sentencia no condena a Pardo de Vera: declaró como testigo y su responsabilidad penal se investiga en la Audiencia Nacional. Su defensa pidió eliminar o matizar las menciones que, a su juicio, prejuzgaban su culpabilidad sin haber podido defenderse como acusada. El Supremo rechazó abrir ese incidente porque no había sido parte.
Esa garantía importa. También importa que una empresa pública pueda explicar qué controles fallaron para que alguien cobrase sin trabajar. Los demás empleados tenían que acudir a su puesto.
La defensa en el plató
La defensa también tuvo micrófono. El 20 de marzo de 2024, su hermana, la periodista Ana Pardo de Vera, se enfrentó en Todo es mentira a la diputada del PP Ana Vázquez, que había sacado a Isabel a relucir durante una discusión sobre familiares de Feijóo. Ana anunció: «te pongo una denuncia en cero coma dos». Isabel era entonces testigo, no investigada. Vázquez acabó disculpándose. Esa diferencia procesal debía respetarse: declarar como testigo no convierte a nadie en corrupto.
La defensa continuó después de la imputación. El 14 de octubre de 2026, Ana seguía proclamando su inocencia, pero admitía que enviar el currículum de Jésica como presidenta de ADIF había sido una imprudencia. Sostenía también que Isabel desconocía la relación con Ábalos y se opuso después a la renovación.
Defender a una hermana es comprensible. Lo discutible es el criterio periodístico: los familiares de los políticos merecen preguntas por sus actos, sean de la acera que sean. Anunciar una denuncia no responde a esas preguntas; una imputación tampoco autoriza a dar por probada la corrupción.
Una emergencia para la empresa
El 18 de noviembre de 2020, Koldo pidió alguna obra para Levantina. Según la transcripción del informe de la UCO, folios 186 y 187, Pardo de Vera rechazó inicialmente la posibilidad en mantenimiento. Él tanteó entonces una obra de emergencia, alegando las dificultades de la constructora. Ella recordó una adjudicación reciente, advirtió que «otra vez va a cantar» y dijo que debía mirarlo.
La urgencia que Koldo ponía sobre la mesa era la de la empresa. Una obra de emergencia debe responder a una necesidad pública, no a la necesidad de facturar de un contratista.
La UCO relacionó aquella petición con una adjudicación posterior de estabilización de taludes en Asturias. El BOE confirma el contrato a Levantina por 489.300 euros, antes de IVA. Pero el desprendimiento había ocurrido el 14 de octubre, antes de la llamada. Había una emergencia material previa; la secuencia temporal, por sí sola, no demuestra que Koldo consiguiera la adjudicación.
Pardo de Vera niega amaños y comisiones. Su defensa sostiene que no podía imponer un adjudicatario por encima de los controles técnicos y que se reconocieron 373.405,45 euros por trabajos ejecutados, menos que el presupuesto inicial. En septiembre, el juez aceptó pedir documentación sobre esa obra, con el visto bueno fiscal. Eso permite comprobar su argumento; no resuelve todavía si tiene razón.
En Sant Feliu de Llobregat, la UCO recoge que informó a Koldo sobre las ofertas. Acciona obtuvo el contrato por 51,76 millones, adjudicado por el consejo de ADIF. Se puntuaban precio y calidad técnica: ganar sin ser el más barato no demuestra un amaño.
La pregunta de gestión sigue ahí: ¿qué hacía el asesor del ministro siguiendo empresas concretas por ese canal? Los controles deben proteger también a quien compite sin tener el teléfono de Koldo.
También hubo mascarillas. ADIF adjudicó 12,5 millones a Soluciones de Gestión en marzo de 2020. Un informe de la UCO de febrero de 2026 apunta a su participación a partir de los contactos con Koldo. Ella sostiene que solo recibió y trasladó contactos. Ni el precio del contrato ni su firma acreditan, por sí solos, una comisión cobrada por ella.
Lo que sí sirvió al viajero
Pardo de Vera firmó en mayo de 2020 los acuerdos con los operadores que prepararon la competencia en la alta velocidad. ADIF tenía que repartir capacidad de las vías para que pudieran circular compañías distintas de Renfe.
La apertura venía de obligaciones europeas y fue un trabajo colectivo. Su participación existió. La CNMC constató después bajadas de precios cercanas al 40 % en las rutas donde comenzó la competencia entre tres operadores en 2022. Muchos viajeros obtuvieron algo bastante concreto: billetes más baratos. Eso también pertenece a su balance.
En el debe queda la crisis de los trenes de vía estrecha para Asturias y Cantabria. El problema de gálibos —el espacio que debe respetar el tren— bloqueó el diseño y retrasó la fabricación. No había trenes terminados atascados ante un túnel. Había una descoordinación entre organismos y empresas que intervenían en un encargo público: Renfe, ADIF, CAF y la Agencia de Seguridad Ferroviaria.
El Consejo de Ministros acordó su cese el 21 de febrero de 2023. Los usuarios se quedaron esperando la renovación de los trenes. La responsabilidad de dirigir también consiste en que los distintos despachos se entiendan antes de que el retraso llegue al andén.
Lo que hemos podido contar
El Portal de Transparencia publica 82.846,18 euros brutos por la presidencia de ADIF en la segunda mitad de 2018 y 164.779,16 en 2019.
En 2021, fueron 99.909,60 por ADIF y 50.335,89 por la Secretaría de Estado: periodos sucesivos, no dos sueldos anuales simultáneos. En 2022 percibió 122.939,32 euros; en su último tramo de 2023, 18.747,85.
Esas seis partidas suman 539.558 euros brutos. Son un subtotal documentado: falta el dato oficial de 2020 y las etapas anteriores. La presidencia simultánea de ADIF Alta Velocidad no era retribuida. Dos presidencias no autorizan a inventar dos nóminas.
Aparte figuran 80.393,38 euros de indemnización tras el cese, percibidos entre marzo de 2023 y enero de 2024 según el registro oficial. Es una compensación temporal prevista para determinados altos cargos e incompatible con otras remuneraciones. No una pensión vitalicia.
Después hubo actividad privada. Cylus anunció su incorporación al consejo asesor en febrero de 2024. Revenga comunicó su aceptación como consejera en julio, obtenida la compatibilidad; salió en enero de 2025. ACS la contrató en marzo, transcurridos los dos años desde su cese, y la relación terminó en abril. Los importes personales de esos trabajos no están acreditados aquí.
Faltan también viajes, dietas y medios nominales. No hay un coste total cerrado. El dinero no localizado no se convierte en cero.
Otra cuenta son los 43.950,54 euros netos que Jésica cobró de Ineco y Tragsatec. El Supremo impuso su restitución a Ábalos y Koldo. Los recibió Jésica; no son ingresos de Pardo ni una deuda judicialmente impuesta a ella.
Para eso estaba la presidenta
A 5 de noviembre de 2026, Pardo de Vera sigue investigada. Ese día la UCO requirió documentación a ADIF en una nueva pieza secreta. Eso no la convierte en detenida. Ábalos, por su parte, ha recurrido al Constitucional y solicitado suspender su condena; pedirlo no significa haberlo conseguido.
La responsabilidad penal de Pardo tendrá que resolverse con pruebas y garantías. La exigencia de cuentas sobre su gestión ya tiene preguntas concretas: qué peticiones recibió, qué hizo con ellas y qué controles protegieron el dinero público y la igualdad de trato.
Su experiencia técnica hace esas preguntas más exigentes. A quien conoce la organización y sus reglas se le puede pedir que explique qué decisiones tomó cuando llamó el entorno del ministro. Un procedimiento sirve de poco si el ciudadano corriente tiene que cumplirlo entero y el recomendado dispone de acompañamiento hasta la última ventanilla.
Pardo de Vera debía responder ante el Gobierno por su gestión. También ante quienes pagábamos la organización. Ahí está la medida de su trabajo: en lo que funcionó para todos y en las explicaciones que debe sobre quienes llegaron por el canal del poder.
En la próxima entrega, Ximo Puig: de la Generalitat al nombramiento ante la OCDE. Examinaremos su trayectoria, sus decisiones y sus cuentas con las mismas tres preguntas: qué hizo por Sánchez, qué hizo por nosotros y cuánto nos costó.
Gastos aparte.
