«La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia».
Tribunal Supremo, sentencia 79/2012, de 9 de febrero, fundamento séptimo, apartado 2. La frase aparece al explicar el derecho de defensa en la condena de Garzón por las escuchas de Gürtel.
El caballo del ajedrez avanza dos casillas en una dirección y una en perpendicular. Puede saltar por encima de otras piezas. Lo que no puede es inventarse el movimiento cuando la posición se le complica.
Baltasar Garzón ha tenido una carrera de caballo: de la judicatura a las listas del PSOE; de diputado a secretario de Estado; de vuelta al juzgado; después, la condena, la abogacía, las fundaciones y otra incursión política. Ahora preside una comisión de memoria democrática. Sigue en el tablero.
Cambiar de oficio o tener ideas políticas es legítimo. Pero la autoridad ganada en una función no garantiza la confianza en las siguientes. El prestigio no basta como equipaje.
Garzón tiene méritos que reconocer y decisiones que criticar. Su condena exige contar también el durísimo dictamen de Naciones Unidas que cuestionó cómo fue juzgado. Las garantías también lo protegen a él.
El salto a la política y el regreso al juzgado
Garzón ya era un juez conocido cuando Felipe González lo incorporó a la candidatura socialista de 1993. La ficha del Congreso sitúa su condición plena de diputado el 29 de junio de 1993 y su baja el 9 de mayo de 1994. El nombramiento del 30 de julio de 1993 lo convirtió en delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. Su cese a petición propia lleva fecha de 13 de mayo de 1994.
El 18 de mayo ya estaba de vuelta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, según recoge el Constitucional. Del Gobierno al juzgado en cinco días. El BOE todavía estaba caliente.
La explicación de que regresó para vengarse de González investigando los GAL es redonda. Como motivo judicial acreditado, es otra cuestión.
La investigación de los GAL era anterior a su paso por el Gobierno. Garzón la retomó y la impulsó después de regresar. En el asunto del secuestro de Segundo Marey, Rafael Vera cuestionó su imparcialidad. La sentencia 69/2001 del Constitucional rechazó ese reproche: el cargo político previo no demostraba por sí solo una conexión que lo incapacitara para investigar aquellos hechos. Hubo un voto particular de Pablo García Manzano que discrepó de esa valoración de la imparcialidad objetiva.
El tránsito merece examen, pero no demuestra una instrucción amañada. Además, Garzón investigó actuaciones del aparato de Interior bajo un Gobierno socialista. Haber compartido Gobierno no lo convirtió en una póliza de seguro para sus antiguos compañeros.
Aquel salto político fue con González. La relación con Sánchez pertenece a otra etapa.
Lo que hizo por los ciudadanos
Garzón contribuyó a colocar el narcotráfico, el terrorismo de Estado y los crímenes internacionales en el centro de la atención judicial. El currículo de su propio despacho sitúa el inicio de su ejercicio judicial en 1981 y recoge esas áreas de investigación.
Su actuación más reconocible fuera de España fue la persecución de Augusto Pinochet. La petición del juzgado español desembocó en su detención en Londres en octubre de 1998. Intervinieron jueces británicos, la policía, las acusaciones y las víctimas. Garzón no hizo todo él solo, por mucho que la etiqueta de «superjuez» ahorre nombres.
El balance presentado ante el Parlamento británico en marzo de 2000 explica tanto el avance contra la inmunidad de los antiguos jefes de Estado por torturas como el desenlace: Pinochet salió del Reino Unido por razones de salud, sin ser extraditado a España. Hubo un cambio relevante en la persecución internacional de esos crímenes. No hubo una condena española a Pinochet que podamos apuntar en su casillero.
Abrió posibilidades para víctimas que encontraban cerradas otras puertas. Y conviene distinguir funciones: el instructor investiga; la culpabilidad la decide el tribunal que juzga.
El balance tiene otra cara. En Martínez Sala y otros contra España, sentencia de 2 de noviembre de 2004, Estrasburgo examinó denuncias de malos tratos de quince detenidos en 1992, en una investigación por terrorismo del Juzgado Central número 5. Condenó a España por la falta de una investigación oficial eficaz. No consideró probados los malos tratos con el nivel de prueba exigido ni condenó penalmente a Garzón. La sentencia examina la actuación de varios órganos, incluido su juzgado.
Los derechos humanos se ponen a prueba cuando el detenido nos resulta antipático, cuando la acusación es gravísima y cuando investigar una denuncia incomoda. La bandera queda muy bien en el congreso internacional. El trabajo empieza en el calabozo.
La condena que le quitó el juzgado
El 9 de febrero de 2012, siete magistrados del Supremo condenaron por unanimidad a Garzón por prevaricación: dictar a sabiendas una resolución injusta. La sentencia 79/2012, con ponencia de Miguel Colmenero, impuso once años de inhabilitación especial, pérdida definitiva del cargo y catorce meses de multa a seis euros diarios: 2.520 euros. No fue una pena de prisión.
El asunto eran las órdenes de febrero y marzo de 2009 para grabar conversaciones en prisión de investigados de Gürtel con sus abogados. El Supremo reprochó que la intervención alcanzara indiscriminadamente a defensores sobre los que no existían indicios de participación delictiva. La fórmula destinada a proteger el derecho de defensa no evitaba, según la sentencia, que los investigadores conocieran conversaciones confidenciales.
La Fiscalía había pedido excluir de la prórroga las conversaciones con los defensores. También solicitó archivar la causa contra Garzón porque no apreciaba delito.
Hablamos de una garantía muy concreta: poder contarle a tu abogado lo que necesitas para defenderte sin que el equipo que te investiga esté escuchando al otro lado. Incluso si eres Correa. Sobre todo porque las reglas que aceptemos para Correa estarán disponibles cuando le toque a otro.
La prevaricación hiere el núcleo del oficio: recibir autoridad para aplicar la ley y utilizarla sabiendo que se actúa contra ella. Esa fue la conclusión del Supremo. Después, el Comité de la ONU cuestionaría precisamente la justificación de aquella condena.
Por su investigación del franquismo fue absuelto el 27 de febrero de 2012. La mayoría no consideró acreditada la prevaricación, aunque criticó sus decisiones jurídicas. José Manuel Maza discrepó del fallo y Julián Sánchez Melgar formuló un voto concurrente. La condena que acabó con su plaza fue la de las escuchas.
La ONU también cuenta
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su dictamen de 13 de julio de 2021, concluyó que Garzón sufrió vulneraciones de su derecho a un tribunal independiente e imparcial, a la revisión de la condena por un tribunal superior y al principio de legalidad penal. Consideró arbitraria e imprevisible la condena por las escuchas. Reclamó borrar sus antecedentes penales y una compensación adecuada.
El Comité valoró, entre otros elementos, el respaldo policial y fiscal a las intervenciones y las dudas sobre convertir aquella interpretación de la ley en delito. En los votos anexos hubo discrepancias sobre las reparaciones y sobre el principio de legalidad. Vasilka Sancin se apartó de esta última conclusión, aunque compartió las vulneraciones de imparcialidad y revisión. Todo puede comprobarse en el dictamen completo y sus anexos, páginas 11 a 17.
El dictamen impide presentar aquella condena como una demostración indiscutible de arbitrariedad personal. Las garantías que defendemos para los investigados de Gürtel también protegen al juez acusado.
¿Anuló ese dictamen la sentencia española? No. ¿Permite despacharlo con un «no es vinculante» y pasar de página? Tampoco debería. Hay una diferencia entre negar que un documento produzca automáticamente la nulidad de una sentencia y responder de manera suficiente a las vulneraciones que denuncia.
La inhabilitación quedó cumplida el 1 de mayo de 2021, al computarse el tiempo de suspensión cautelar. Cumplirla no le devolvió automáticamente el cargo perdido.
La sentencia 694/2026 del Supremo, de 4 de junio, rechazó su recurso contra la negativa del Consejo General del Poder Judicial a revisar los acuerdos de expulsión. La razón central fue que el Consejo no podía deshacer por una vía administrativa los efectos de una sentencia penal firme. Ese fallo no volvió a juzgar las escuchas.
En cuanto a la reclamación de compensación, elDiario.es informó en agosto de 2026 de que la Audiencia Nacional la había rechazado en noviembre de 2025 y de que la sentencia estaba recurrida. El expediente no contiene esa resolución íntegra ni un fallo posterior sobre aquel recurso. La documentación consultada hasta el 4 de noviembre de 2026 no acredita anulación de la condena, reincorporación a la carrera ni una indemnización cobrada.
Del prestigio judicial a la intervención política
La pérdida del juzgado no significó la retirada. Su despacho sitúa el inicio de su ejercicio como abogado el 3 de abril de 2012. FIBGAR, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, se había constituido incluso antes: el 22 de diciembre de 2011.
Su propio currículo recoge consultorías para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde 2010 y para la misión de la OEA en Colombia desde 2011, además de funciones en Ecuador y Argentina. Eran funciones distintas de las de un juez de esos organismos. Sus condiciones económicas individuales no están acreditadas en este expediente.
También regresó a la política organizada. Fue uno de los promotores de Actúa, inscrito como partido en agosto de 2017, junto a Gaspar Llamazares y otras personas. El antiguo juez no se limitó a comentar la partida desde la grada.
¿Qué ha hecho por Sánchez? Ha aportado una defensa pública reconocible, con la autoridad que conserva su trayectoria. En una entrevista reproducida en su web en julio de 2026 sostuvo que existía animadversión contra el presidente y que la causa de Begoña Gómez no habría llegado tan lejos si no fuera su esposa. Es su valoración del procedimiento, no una conclusión judicial.
El apoyo tuvo matices. En otra entrevista, difundida en junio de 2026, recordó que, cuando apareció el caso Ábalos, había planteado que Sánchez considerara una cuestión de confianza. Después defendió que ya no era el momento.
Ese apoyo beneficia políticamente al presidente. No acredita una orden ni una contraprestación.
El 25 de marzo de 2026, el Consejo de la Memoria Democrática, presidido por el ministro Ángel Víctor Torres, acordó la composición de la llamada Comisión de la Verdad, con Garzón como presidente. Se constituyó el 13 de mayo. La designación correspondió al Consejo; no consta una decisión personal de Sánchez.
La comisión recopila documentación y testimonios sobre violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura. Tiene que elaborar conclusiones y recomendaciones; no puede dictar condenas. Su regulación exige personas independientes y de reconocido prestigio, designadas por una mayoría de tres quintos del Consejo, y fija dieciocho meses para entregar el informe.
Elegir a Garzón puede defenderse por su experiencia y por aquel dictamen de la ONU. También merece una explicación exigente por su implicación política y por sus propios conflictos judiciales. La independencia se comprobará en la selección de documentos, el tratamiento de testimonios que contradigan sus tesis, las discrepancias que conserve el informe y la publicidad de su trabajo. El currículo no sustituye ese examen.
La cuenta: cuidado con cambiar de bolsillo
Su carrera pública tiene un coste, pero faltan nóminas, periodos liquidados y compatibilidades para cerrar un total individual fiable. Una calculadora no arregla la falta de documentos; solo le pone decimales.
Las leyes presupuestarias fijaron para un secretario de Estado 9.337.884 pesetas anuales tanto en 1993 como en 1994: equivalen a 56.121,81 euros nominales por año completo, al cambio oficial. Es el baremo del puesto antes de deducciones, no la prueba de lo que cobró Garzón durante los meses que lo ocupó. No corresponde sumar dos anualidades completas, ni añadir sin comprobación otro sueldo de diputado.
En Nueva York hay cantidades individualizadas. El auto de archivo de 13 de febrero de 2012 reproduce una certificación rectificada de la universidad: 74.442 dólares de salarios en 2005 y 57.710 en 2006; total, 132.152 dólares. Sustituía cifras anteriores. El informe de Inspección del Consejo de junio de 2009 añade 22.152 dólares de asignaciones de viaje y 21.650 de matrícula escolar para su hija. Las partidas identificadas suman 175.954 dólares, sin que el expediente permita precisar el tratamiento bruto o neto ni todos los medios utilizados.
Son pagos de la universidad estadounidense; no se incorporan como gasto público español. La estancia, entre marzo de 2005 y junio de 2006, fue una licencia por estudios: el importe de su nómina judicial española durante ese periodo sigue sin estar documentado en este expediente.
Ese auto archivó por prescripción la causa penal relativa a los patrocinios. Marchena apreció indicios de cohecho impropio; la Fiscalía negó que existiera ese delito. No hubo juicio ni condena por ese asunto. El informe de Inspección del Consejo de junio de 2009, además, había propuesto archivar las diligencias disciplinarias considerando que no había cometido falta. El archivo disciplinario y el penal responden a valoraciones distintas. Los patrocinios ingresados en la universidad tampoco son íntegramente ingresos personales de Garzón.
FIBGAR merece una cuenta separada. Es una entidad privada sin ánimo de lucro. Su información vigente identifica a María Garzón Molina como presidenta del patronato; Baltasar figura como presidente ad honorem. Sus memorias publican estas cantidades:
| Ejercicio | Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado |
| 2023 | 153.011,00 € |
| 2024 | 153.956,17 € |
| 2025 | 235.180,94 € |
La fuente son las cuentas incluidas en las memorias de 2024, página 31, y 2025, página impresa 31, página 39 del PDF. La partida mezcla financiación de distinta naturaleza y sigue un criterio contable: no equivale a subvenciones públicas cobradas ese año. Mucho menos a sueldo del fundador.
Entre las ayudas públicas nominales sí constan 3.465 euros concedidos por Exteriores en 2021 para el proyecto «Jóvenes para una España diversa» y 15.000 euros concedidos por la Diputación de Valencia en 2025 para «Laboratorios de Democracia». El segundo decreto condiciona el abono a la justificación. Son concesiones a la fundación, no cobros personales acreditados. No se añaden a las partidas de las memorias: podríamos contar dos veces el mismo dinero.
En la Comisión de la Verdad, el decreto contempla dietas e indemnizaciones y medios personales y materiales de la Secretaría de Estado. Decir que funcionará sin incremento del gasto público no significa que los desplazamientos o el personal sean gratuitos. No he localizado liquidaciones nominales de Garzón ni una remuneración personal acreditada por esa presidencia. Tampoco documentación suficiente para fijar pensiones, indemnizaciones por antiguos ceses o un total de medios de seguridad y viajes. ND significa no documentado. No significa cero.
La condena de Estrasburgo de 2004 sí impuso al Estado 8.000 euros para cada uno de los quince demandantes y 12.009 de costas: 132.009 euros, antes de eventuales impuestos e intereses. Es una obligación fijada judicialmente, con pago efectivo no comprobado en este expediente. No es una transferencia a Garzón ni una factura atribuible exclusivamente a su actuación.
Las reglas también cuando molestan
¿Qué hizo por Sánchez? Defender públicamente posiciones que lo favorecen y aportar su prestigio a una política de memoria impulsada bajo su Gobierno. No hay pruebas en este expediente de que instruyera causas por órdenes del actual presidente.
¿Qué hizo por nosotros? Ayudó a investigar delitos que el poder y el dinero habrían preferido dejar tranquilos. Abrió caminos para víctimas. También protagonizó decisiones que obligan a discutir cómo protegió los derechos de los investigados. Y el procedimiento que acabó con su carrera recibió una objeción internacional que España no puede considerar resuelta simplemente porque la condena siga en pie.
¿Cuánto nos costó? Hay referencias salariales, partidas institucionales y ayudas identificadas. El total individual sigue sin estar documentado. Los presupuestos ajenos no rellenan esa laguna.
Mi reparo a Garzón está en la facilidad con que la autoridad del juez pasa a acompañar al militante, al abogado y al presidente de una comisión. Cada función exige volver a explicar desde dónde se habla, qué intereses se representan y quién controla las decisiones. La confianza ganada en una causa no sirve como autorización para las siguientes.
El caballo puede saltar piezas. Las garantías han de seguir en su sitio: para el acusado, para el juez acusado y para el ciudadano que paga la partida.
Gastos aparte.
