«Con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».
Constitución española, artículo 124.2, sobre los principios que deben regir la actuación de la Fiscalía.
Un ciudadano puede caerle mal a medio país y seguir teniendo derechos. También si es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Al jefe de los fiscales se le paga para protegerlos, aunque fuera de su despacho estén librando una guerra política. La obligación de guardar un secreto no depende de a quién beneficie el titular. García Ortiz terminó condenado por cruzar precisamente esa línea.
Álvaro García Ortiz tenía una carrera antes de Sánchez. Ingresó en la Fiscalía en 1998, pasó por Menorca y se especializó en medio ambiente e incendios en Galicia. Dolores Delgado lo propuso para dirigir su Secretaría Técnica y en marzo de 2020 ascendió a fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera. Después, el Gobierno de Sánchez lo propuso como fiscal general en 2022 y volvió a hacerlo en 2023.
El respaldo sobrevivió a la condena. El 23 de noviembre de 2025, Sánchez dijo que acataba el fallo y que creía en su inocencia. Tenemos, por tanto, dos nombramientos y una defensa pública después de conocer el resultado del juicio. Esa relación permite pedir explicaciones sin inventarse conversaciones privadas.
La renovación de 2023 llegó con un informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial, que el Gobierno debía solicitar, pero no obedecer. En enero de 2025, el Supremo rechazó por unanimidad anular aquel nombramiento: no consideró demostrado el incumplimiento de funciones constitucionales que alegaba la asociación recurrente. La elección puede discutirse políticamente; su impugnación judicial fue desestimada.
La confianza y sus límites
García Ortiz también había propuesto el ascenso de Delgado, su antecesora y promotora. En 2023 el Supremo lo anuló al apreciar desviación de poder: utilizar una facultad para una finalidad distinta de la que permite la ley. El Gobierno ejecutó esa anulación en abril de 2024. El Constitucional admitió el amparo de Delgado en enero de 2025; al cierre de esta investigación no he localizado una resolución posterior que revoque aquella anulación. Fue un reproche al uso de su autoridad para promover a quien antes lo había promovido a él. No una condena penal.
Su criterio sobre la amnistía favorecía una pieza central de los pactos de Sánchez: defendió aplicarla también a la malversación del procés, es decir, al uso ilegal de dinero público. En junio de 2024 mantuvo ese criterio frente a cuatro fiscales del caso y, con el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala, designó a otros dos para presentar el informe. Los discrepantes habían pedido ser relevados si se mantenía la orden; el cambio siguió el procedimiento previsto para resolver esa discrepancia.
El Constitucional ordenó el 6 de octubre de 2026 amnistiar la malversación de Dolors Bassa, con cinco magistrados discrepantes. En esa cuestión, respaldó la aplicación amplia defendida por Fiscalía. Podemos criticar el pacto político que dio lugar a la amnistía y reconocer ese resultado judicial. Su utilidad para Sánchez no demuestra que García Ortiz recibiera una orden suya.
Su trabajo para los ciudadanos tampoco cabe entero en estos choques. Bajo su mandato se aprobaron nuevas reglas para la formación de los fiscales y se impulsó formación sobre discapacidad y salud mental en prisión. Son actuaciones acreditadas, aunque no dispongamos de una evaluación de sus resultados. Reconocerlas hace más exigible la otra parte del servicio: proteger los derechos también cuando estorban al debate político.
El secreto y la condena
El episodio decisivo empezó con una negociación entre un fiscal y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. El abogado propuso un acuerdo que incluía reconocer dos delitos fiscales. En marzo de 2024 circularon informaciones que dejaban a la Fiscalía como autora de una oferta después retirada por órdenes superiores. La sentencia recoge que esa supuesta retirada era una especulación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. La necesidad de desmentir tenía una base real.
La sentencia de diciembre de 2025 sostiene que García Ortiz, directamente o mediante alguien de su entorno y con su conocimiento, intervino en la filtración del correo a la SER. La mayoría valoró conjuntamente el acceso a los correos, la secuencia de comunicaciones y el posterior borrado de registros, entre otros indicios. La condena incluye también la nota de Fiscalía del 14 de marzo, cuya elaboración asumió. El fallo impuso dos años de inhabilitación para ser fiscal general, 7.200 euros de multa y 10.000 de indemnización. No declara probado que Sánchez le ordenara filtrar.
La decisión fue de cinco magistrados contra dos. Susana Polo y Ana Ferrer consideraron insuficientes esos indicios, dieron valor a los periodistas que negaban que García Ortiz fuera su fuente y rechazaron que la nota fuera delictiva por contener datos ya públicos. La defensa ha llevado al Constitucional sus objeciones sobre las pruebas y las garantías del proceso. La discrepancia es seria. La condena sigue siendo la resolución vigente.
El alcance ciudadano se entiende sin estudiar Derecho. Si mañana su abogado negocia un acuerdo con la Fiscalía, usted necesita saber que esos correos estarán protegidos. De esa confianza depende que pueda defenderse con libertad. La reserva de un expediente es una garantía del ciudadano, incluso cuando divulgarlo resulta políticamente rentable.
A 2 de noviembre de 2026, la condena está firme en la vía penal y no he localizado una resolución posterior que la suspenda o anule. El Supremo rechazó anularla el 26 de febrero. La Fiscalía y su defensa pidieron amparo al Constitucional, que revisa si se han vulnerado derechos fundamentales. El 1 de octubre, su presidente explicó que todavía no se había decidido la admisión. Presentar ese recurso no suspende por sí solo la condena.
La inhabilitación se limitó a la jefatura. Peramato autorizó su regreso a la Fiscalía de lo Social del Supremo y en marzo descartó abrirle la vía disciplinaria por esos hechos. La Fiscalía defendió el reingreso invocando una interpretación anterior que equipara las consecuencias profesionales a las de los jueces cuando no hay pena de prisión. No ha quedado expulsado de la profesión por esa sentencia.
Además se tramita un indulto: la Fiscalía apoyó perdonar lo que quedase de inhabilitación y el Supremo informó en contra. Decide el Gobierno; esos informes no lo obligan. El 25 de octubre, Sánchez calificó de injusta la sentencia y defendió la facultad de indultar. No he localizado una concesión posterior. El Gobierno que lo propuso puede acabar perdonándole una pena. Conviene recordar el alcance del indulto: un indulto puede perdonar la pena; no convierte al condenado en absuelto.
Lo que podemos poner en la cuenta
Su sueldo sale de los presupuestos del Estado, por el área de Justicia. Las tablas de Hacienda fijan estas cantidades brutas anuales para la jefatura, antes de impuestos: 129.010,44 euros en 2022, 133.525,80 en 2023, 136.863,96 en 2024 y 140.285,52 en 2025. Doce mensualidades, sin dos pagas extra que añadir.
Para los dos años completos de 2023 y 2024, esas cuantías suman 270.389,76 euros. Es una suma de las retribuciones fijadas para el puesto, no una liquidación individual de lo cobrado por García Ortiz. En 2022 llegó con el año empezado y en 2025 cesó en diciembre. Faltan sus liquidaciones de esos períodos, la antigüedad reconocida, los pagos anteriores y los de su regreso al Supremo. El coste completo sigue sin cerrar. Rellenarlo con una regla de tres quedaría muy resultón y seguiría sin ser una nómina.
Para viajes, Libre Mercado publicó 38.028,68 euros hasta el 19 de mayo de 2025, citando una respuesta de Fiscalía cuyo original no hemos conseguido. Queda como cifra atribuida, sin sumarla a ingresos personales ni tratarla como prueba de gasto indebido. Tampoco disponemos del coste individual de su defensa por la Abogacía del Estado. Gastos aparte.
La multa y la indemnización son obligaciones suyas: se abonaron con aportaciones voluntarias coordinadas por la Unión Progresista de Fiscales. Las costas, los gastos procesales que debe asumir, se redujeron a 39.009,48 euros tras excluir partidas indebidas; en octubre todavía se tramitaba la discusión sobre los honorarios. Esas cantidades no son por sí mismas una factura al contribuyente. Y un eventual indulto tampoco borraría la indemnización ni las costas: la ley las deja fuera.
El balance político deja un contraste concreto. Su criterio sobre la amnistía ayudaba a que se aplicara una pieza central de los pactos de Sánchez; la difusión de la negociación de González Amador reforzaba el desgaste de Ayuso. Eso no demuestra encargos presidenciales. Pero a los ciudadanos nos debía las mismas garantías para quien resultara útil acusar que para cualquier otro. La utilidad política para el Gobierno nunca podía estar por encima de las garantías del ciudadano.
Podemos discutir una sentencia, recurrirla y criticarla. Podemos exigir también que se expliquen los resultados de una jefatura y el coste de sostenerla. El Gobierno propone al fiscal general. Sus obligaciones las fija la ley. Los ciudadanos pagamos para que recuerde que esa ley también pone límites a quienes lo han propuesto. La Fiscalía no era suya. Ni del presidente.
En la próxima entrega, Cándido Conde-Pumpido: de la Fiscalía General al Tribunal Constitucional. Examinaremos su trayectoria, sus decisiones y las garantías de independencia de una institución que puede poner límites al Gobierno. Con las mismas preguntas: qué hizo por Sánchez, qué hizo por nosotros y cuánto nos costó. Gastos aparte.
