«Una interlocución permanente con los poderes públicos».
Oferta comercial de Acento recogida por elDiario.es, 19 de julio de 2020.
Antonio Hernando pasó de representar a ciudadanos en el Congreso a dirigir una consultora que ofrecía a empresas interlocución con el Gobierno. Después regresó a Moncloa y acabó como secretario de Estado de Telecomunicaciones. Ese recorrido merece explicaciones: ¿ qué controles aseguran que quien defendía los intereses de unos clientes vuelve para defender los de todos?
Hernando tenía oficio antes del escaño. Licenciado en Derecho y con un máster en Comercio Internacional, ejerció la abogacía y trabajó en UGT y organizaciones de inmigración y asilo, con responsabilidades en CEAR y ACCEM. Entre 2001 y 2004 asesoró a la ejecutiva del PSOE. Después fue diputado hasta 2019 y portavoz en distintas comisiones. Hay experiencia jurídica y parlamentaria que reconocer. La cuestión es cómo se valoró para encomendarle cada nueva responsabilidad.
Su relación con Sánchez también tuvo una ruptura. Como portavoz socialista, defendió el rechazo a Rajoy y, después de la salida de Sánchez de la dirección, explicó en el Congreso la abstención acordada por el Comité Federal en octubre de 2016. Cumplía una decisión del partido. Cuando Sánchez ganó las primarias de mayo de 2017, Hernando dimitió de la portavocía. Durante un tiempo dejaron de compartir rumbo. Volverían a compartir despacho.
Entre ambas etapas estuvo Acento. En 2019 participó con José Blanco en la creación de la consultora, donde fue director general. elDiario.es examinó cartas y presentaciones comerciales que ofrecían interlocución con ministros y responsables públicos. Saber cómo funciona la Administración y a quién dirigirse tenía valor para los clientes. La experiencia adquirida en política se había convertido en parte de una oferta comercial. Ese negocio no demuestra un trato de favor; obliga a examinar con cuidado el regreso de sus responsables a puestos públicos.
Blanco sigue en ese negocio. Havas anunció en febrero de 2026 la compra de una participación mayoritaria de Acento, su integración bajo H/Advisors y la continuidad de Blanco y Alfonso Alonso al frente. El asesoramiento político también atrae inversión multinacional.
En la memoria queda aquella reunión de Blanco con Jorge Dorribo en una gasolinera de Guitiriz en 2011. Blanco reconoció el encuentro y negó haber cobrado dinero. La entrega que denunció Dorribo no puede darse por probada: la causa contra el exministro terminó archivada en 2013. La crítica al negocio actual de los contactos debe sostenerse con sus propios documentos.
Hernando regresó a Moncloa en octubre de 2021, como director adjunto del Gabinete, junto a Óscar López. En 2023 dejó el puesto para concurrir a las elecciones, ocupó escaño por Almería y después volvió al Gabinete. En septiembre de 2024, López propuso su nombramiento como secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Quien había trabajado acercando empresas al poder volvía a ejercerlo desde dentro.
Los registros oficiales permiten localizar 464.376,84 euros brutos en sus puestos del Gobierno entre 2021 y 2025: 288.747,89 en Presidencia y 175.628,95 en Telecomunicaciones. Solo en 2025 fueron 137.898,63 euros. Esa suma excluye el Congreso, sus ingresos privados y 2026. Es una cuenta parcial, no el total de los últimos diez años. Gastos aparte.
Por ese sueldo tiene obligaciones concretas. Su área debe impulsar las redes y la conectividad, gestionar recursos como el espectro radioeléctrico y dirigir programas de ayudas. Traducido: que la conexión llegue, que las ayudas sirvan y que las empresas reciban un trato independiente de sus contactos. El informe oficial de cobertura de 2025 sitúa el 5G por encima del 99 % de la población. Es un avance que reúne inversiones empresariales y políticas de varios años. Su gestión debe explicar qué aportó a ese resultado y qué problemas siguen pendientes de resolver.
Ahí importa su paso por Acento. El Español publicó que la consultora había trabajado para Huawei y recogió la respuesta de la Oficina de Conflictos de Intereses: tras examinar su documentación, no había apreciado riesgo ni incompatibilidad. Esa conclusión debe constar. También necesitamos saber qué relaciones se declararon, qué se comprobó y cómo se actuaría ante una decisión que afectara a intereses vinculados. Así puede examinarse el control, además de conocer su conclusión.
La separación entre partido y Gobierno plantea otra pregunta. En febrero de 2026 declaró como testigo sobre una reunión de abril de 2024 en Ferraz con Leire Díez y Santos Cerdán. Según EFE, reconoció haber asistido unos veinte minutos para recibir información sobre una supuesta investigación policial a Sánchez. Negó que Díez le pidiera algo a cambio o le ofreciera favores. Su asistencia no acredita un delito. Sí permite preguntar qué tareas partidarias asumía mientras era director adjunto de Presidencia y cómo se separaban de su trabajo público.
La factura tampoco termina en la nómina. Faltan los desplazamientos, las estancias, la representación y los medios de su oficina. Necesitan un desglose propio.
Después llegará Paco Salazar. Con Hernando, la cuestión queda clara: las empresas pueden pagar por que les abran puertas. Los ciudadanos pagamos para que, al otro lado, se decida pensando en todos. Saber a quién llamar puede ser un buen negocio privado. Con sueldo público, hay que demostrar para quién se trabaja. Gastos aparte.
Jose Navarro ✶
