La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha defendido que «la cooperación entre las instituciones, las universidades y los colegios profesionales es esencial para anticiparnos a los cambios, compartir conocimiento y asegurar que la innovación avance con responsabilidad, rigor y visión de futuro».
La consellera se ha pronunciado en estos términos durante la presentación de la conferencia «Identidad Digital» de la Cátedra LexTech CEU, celebrada en el Colegio Notarial de Valencia. El encuentro ha abordado cómo integrar los avances tecnológicos en el ámbito del Derecho sin perder de vista las garantías, la seguridad jurídica y los derechos de la ciudadanía.
La identidad digital, un reto para el ámbito jurídico
La ponencia, impartida por la doctora Carmen Muñoz, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, ha analizado una cuestión especialmente relevante en un contexto en el que la identidad y la seguridad en el entorno digital adquieren cada vez más importancia.
Martínez ha señalado que «el sector Legaltech representa una oportunidad para modernizar el ámbito jurídico, mejorar los procedimientos y acercar las instituciones a la ciudadanía». En este sentido, ha asegurado que «la tecnología debe permitirnos avanzar hacia una Justicia más ágil, accesible y transparente, pero también debe reforzar la confianza de las personas en las instituciones y en el Estado de Derecho».
Innovación tecnológica con garantías y seguridad jurídica
La consellera ha advertido de que «la transformación digital no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas; consiste en mejorar la respuesta que damos a la ciudadanía». Según ha explicado, este proceso exige que la innovación vaya siempre acompañada de responsabilidad, garantías y seguridad jurídica.
«Tenemos el reto de aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la innovación tecnológica. Pero debemos hacerlo con una prioridad muy clara: que cada avance contribuya a una Justicia más eficiente, más cercana y accesible, que proteja los derechos de las personas y refuerce la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones», ha concluido Martínez.
