El pleno del Parlamento Europeo ha votado hoy a favor de una resolución que reconoce la invasión sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio, reclama a Marruecos que respete la soberanía española y defiende su integridad territorial de manera “incondicional”.
Asimismo, el texto, que ha contado con el rechazo expreso del PSOE, insta a Marruecos a asumir sus responsabilidades en materia de control fronterizo y retornos tras la invasión de Ceuta.
También esta importante resolución, que ha contado con el apoyo del PPE, Patriots, ECR y Renew, exige al Gobierno de Sánchez que restablezca de manera urgente la normalidad en la ciudad autónoma, reforzar la seguridad y aplicar plenamente los mecanismos europeos para acelerar las devoluciones.
En concreto, el texto reclama a Marruecos que cumpla sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno y cooperación migratoria tras la invasión de migrantes de Ceuta, y recalca que la relación de asociación con el reino alauí “debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable”.
En este sentido, considera que “toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”.
La resolución, despreciada por los socialistas, defiende que lo ocurrido en Ceuta no constituye únicamente una crisis migratoria, sino un episodio de instrumentalización de los flujos irregulares contra la integridad territorial de un Estado miembro y, por extensión, contra la frontera exterior de la Unión Europea.
El texto condena “con la mayor firmeza” las entradas masivas desde Marruecos y califica la instrumentalización de la migración irregular como una herramienta de “guerra híbrida” contra la integridad territorial de un Estado miembro.
La Eurocámara incorpora en su resolución referencias concretas a las advertencias ignoradas, peticiones no atendidas, retrasos en la solicitud de ayuda europea y decisiones políticas del Gobierno español que han agravado la crisis.
Reiteradas advertencias
Así, recoge que las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia habían transmitido “reiteradas advertencias” al Gobierno de España, según informes confidenciales divulgados el 9 de septiembre, y que la presión fronteriza se acumulaba desde mucho antes. Se hace eco también de que la Asamblea de Ceuta pidió por unanimidad cerrar la frontera, declarar la emergencia nacional, convocar el Consejo de Seguridad Nacional, designar una autoridad única de coordinación y desplegar las Fuerzas Armadas, y añade que “el Gobierno de España no atendió esas peticiones”.
Recuerda, igualmente, que 22 jefes de Estado y de Gobierno vincularon la crisis a la regularización masiva de más de un millón de migrantes irregulares llevada a cabo por el Gobierno español y lamenta que España no solicitase formalmente el refuerzo de Frontex, Europol y la AUEA hasta el 28 de agosto, casi un mes después del inicio de la crisis y pese a los ofrecimientos de la Comisión.
Presión directa sobre Rabat
Uno de los elementos centrales de la resolución es el llamamiento a las autoridades marroquíes para que “asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea” y cumplan sus compromisos en gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria.
La Eurocámara insta expresamente a España y Marruecos a acelerar su cooperación en materia de retorno y readmisión de todos los migrantes irregulares que llegaron durante el cruce masivo del 29 al 31 de julio.
Exigencias al Gobierno de Sánchez
En paralelo, el Parlamento Europeo reclama al Ejecutivo español que despliegue “urgentemente” todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad en Ceuta, incluido un refuerzo de la seguridad y apoyo económico a empresas, trabajadores y residentes afectados.
En este sentido, solicita reforzar inmediatamente la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para recuperar el orden público y utilizar de forma plena y eficaz los 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia concedidos por la Comisión Europea, así como los recursos materiales y el apoyo operativo de las agencias europeas, con el objetivo de mejorar las condiciones y acelerar los retornos.
La resolución reclama finalmente un “retorno rápido y efectivo” de todas las personas que no tengan derecho a permanecer en la UE, incluidos los menores no acompañados, dentro del respeto al Derecho europeo e internacional. Para ello, insta a España a hacer uso pleno de los procedimientos de control, asilo en frontera y retorno previstos en el marco comunitario.
