La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, en coordinación con LABORA y la FVMP, ha puesto en marcha un análisis individualizado de los municipios de la Comunitat Valenciana afectados por el riesgo de despoblación.
La iniciativa pretende conocer con mayor precisión las necesidades de cada pueblo y detectar oportunidades de empleo y actividad económica que puedan contribuir a generar puestos de trabajo, impulsar nuevos proyectos empresariales y favorecer la permanencia de población en el territorio.
El estudio abordará cuestiones como el relevo generacional, el emprendimiento, el empleo y la innovación rural, con el objetivo de diseñar futuras actuaciones adaptadas a las características concretas de cada municipio o comarca.
De un enfoque general a soluciones para cada pueblo
El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha explicado que la Generalitat pretende disponer de un diagnóstico que permita cambiar la forma de abordar el problema.
“Queremos disponer de un diagnóstico que permita orientar futuras actuaciones adaptadas a cada pueblo o comarca”, ha señalado Redorat.
La intención, según ha explicado, es pasar de un enfoque general sobre la despoblación a estudiar “las oportunidades concretas que ofrece cada territorio”.
Para ello, el análisis identificará servicios básicos insuficientes o inexistentes y estudiará los factores que dificultan el desarrollo de la actividad empresarial en los municipios afectados.
El reto de que los negocios no desaparezcan con sus propietarios
Uno de los principales focos del estudio será el relevo generacional.
La Generalitat quiere prestar especial atención a aquellos negocios y servicios que pueden desaparecer cuando sus actuales responsables alcanzan la jubilación o abandonan su actividad sin que exista una persona que pueda asumir su continuidad.
El problema afecta especialmente a pequeños establecimientos y servicios esenciales para la vida cotidiana de los municipios rurales.
Un horno, una carnicería o una pequeña tienda pueden desaparecer aunque continúe existiendo demanda entre los vecinos, debido a la falta de relevo o de condiciones que permitan mantener la actividad.
El informe pretende detectar estas situaciones con antelación y plantear posibles líneas de actuación.
Identificar las barreras para generar empleo
El estudio también analizará las denominadas brechas estructurales que condicionan el desarrollo económico y social de los municipios en riesgo de despoblación.
Entre ellas se encuentran la falta o insuficiencia de determinados servicios, las dificultades para desarrollar actividad empresarial y otros factores que pueden limitar la generación de empleo y la llegada de nuevos proyectos.
El objetivo será identificar medidas capaces de reforzar la resiliencia económica y social de los municipios y aprovechar los recursos y oportunidades disponibles en cada territorio.
Generalitat, LABORA y FVMP coordinan el trabajo
En la reunión de trabajo han participado el director general de Administración Local, José Antonio Redorat; el secretario autonómico de Empleo y director general de LABORA, Antonio Galvañ; la directora general de Empleo y Formación de LABORA, Virginia Garrigues; el secretario general de la FVMP, Miguel Bailach, y la presidenta de la Comisión de Despoblamiento de la FVMP, Laura Sáez.
El informe se encuentra actualmente en fase de elaboración por parte de la Oficina Técnica contra la Despoblación de la FVMP.
Redorat ha destacado la importancia de la coordinación entre las distintas instituciones para abordar un problema que afecta de manera diferente a cada municipio.
Una alianza de 450.000 euros contra la despoblación
La Oficina Técnica de la FVMP cuenta con financiación de 450.000 euros a través del convenio suscrito entre la Generalitat y la federación.
El director general ha puesto en valor el trabajo transversal desarrollado por ambas instituciones y ha definido esta colaboración como una “alianza estratégica e indispensable” para afrontar el reto de la despoblación.
La finalidad última es que el análisis permita convertir las necesidades detectadas en actuaciones concretas para generar empleo, mantener servicios, impulsar la actividad económica y fijar población en los municipios afectados.















