Hay políticos que caen cuando los hechos los alcanzan. Pedro Sánchez ha convertido la fuga en un método de gobierno:
Huye de las preguntas convirtiéndolas en ataques, de las contradicciones llamándolas cambios de opinión y de los hechos denunciando conspiraciones.
Huye, Pedro.
Huye de la justicia. No porque ningún tribunal te haya condenado ni porque estés personalmente investigado en las causas que rodean a tu entorno. Conviene decirlo con precisión porque no necesitamos fabricar delitos: nos basta con describir los hechos.
La justicia todavía no te ha sentado en el banquillo, pero hace tiempo que entró en tu casa política y familiar.
Tu esposa continúa sometida a un procedimiento judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, con toda su presunción de inocencia. Tu hermano ha sido condenado, en una sentencia recurrible, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Y algunos de quienes ocuparon las habitaciones más importantes de tu partido y de tus gobiernos han terminado atrapados en investigaciones sobre presuntos amaños y corrupción.
Cada causa deberá juzgarse por separado. Nadie es culpable por proximidad y ningún parentesco sustituye a una prueba. Pero tampoco puede sostenerse eternamente la ficción de que todo sucede a tu alrededor sin tener jamás nada que ver contigo.
La responsabilidad política no necesita esperar en la antesala de la responsabilidad penal.
Huye también de tu hemeroteca. Ese depósito nuclear donde descansan todas las verdades que defendiste hasta el día anterior a necesitar lo contrario. La hemeroteca no vota, no conspira y no pertenece a la ultraderecha. Se limita a conservar tus palabras. Por eso resulta tan incómoda.
Y ahora huye de Ceuta.
El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sobre lo sucedido los días 30 y 31 de julio es devastador. No describe una concentración espontánea provocada por un rumor en internet. Describe un proceso organizado en tres fases: antes, durante y después.
Hubo planificación previa
Movilización digital, desplazamientos coordinados y dirección sobre el terreno. Primero llegaron mayoritariamente hombres jóvenes equipados para cruzar a nado. Cuando el sistema fronterizo ya estaba saturado, aparecieron familias, mujeres y niños, reduciendo casi por completo la capacidad española de contención.
Primero, colapsar la frontera.
Después, neutralizar la respuesta del Estado.
El CENIF estima que entraron entre 75.000 y 85.000 personas. Registra 82 cadáveres recuperados en aguas españolas y otros 14 fallecidos reconocidos oficialmente por Marruecos: 96 muertos confirmados.
Semanas después.
España todavía no disponía de una cifra objetiva de entradas, salidas y personas que permanecían en Ceuta. Un Gobierno que no puede contar quién ha atravesado su frontera difícilmente puede asegurar que controla esa frontera.
Y entonces aparecen las fechas.
El 27 de julio, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta advirtió de una “entrada masiva a nado”.
El 29, el CENIF emitió una alerta dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla sobre el riesgo de entradas previsto para el día siguiente.
El 30 ocurrió aquello sobre lo que se había advertido.
No hacía falta que la Policía adivinara si llegarían 20.000, 50.000 u 80.000 personas. Los servicios de información no trabajan con profecías, sino con riesgos. Y el riesgo estaba detectado: crecían las llegadas, circulaban convocatorias, se señalaban lugares concretos y se anunciaba una fecha.
Solo existen dos posibilidades.
O la advertencia no llegó a los responsables políticos, lo que revelaría un fallo intolerable en la cadena de seguridad del Estado, o llegó y no se adoptaron las medidas necesarias, lo que revelaría un fallo de dirección política.
El informe no permite determinar todavía cuál de las dos ocurrió. Pero ambas exigen explicaciones y responsabilidades. Lo único imposible es que nadie supiera nada, nadie pudiera hacer nada y nadie tenga que responder por nada.
Huye de tu explicación del 31 de julio.
Aquel día llamaste “ataque” a lo ocurrido y reconociste una violación de la integridad territorial española. Sin embargo, atribuiste la avalancha a las mafias que habrían difundido una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo. Y, mientras Ceuta seguía desbordada, agradeciste a Marruecos su cooperación.
Ahora resulta que tu propia Policía no ha encontrado indicios de que las organizaciones criminales conocidas promovieran aquel movimiento. Resulta, además, que esas mafias carecían de capacidad para movilizar de manera inmediata, silenciosa y ordenada a entre 75.000 y 85.000 personas.
- Las redes criminales pudieron aprovechar después el caos para transportar inmigrantes a la Península. Pero aprovechar una operación no significa haberla organizado.
Y aunque aceptáramos la explicación de las mafias, la pregunta no desaparecería. Apenas estaría empezando.
¿En qué territorio operaban? ¿Por qué carreteras circularon decenas de miles de personas? ¿Quién controlaba las playas, los accesos y el perímetro fronterizo? ¿Qué fuerzas de seguridad podían impedirlo? ¿Qué Estado tenía la capacidad efectiva para cerrar aquellas rutas?
Marruecos.
¿Dependían esas mafias directamente del Gobierno marroquí? No podemos afirmarlo sin pruebas. Una organización criminal no es una delegación administrativa del Estado. Pero ninguna red mueve a decenas de miles de personas por un territorio fuertemente controlado sin que el Estado responsable haya fracasado, consentido o sido deliberadamente apartado.
Determinar cuál de esas tres posibilidades ocurrió corresponde a la investigación. Negarse a formular la pregunta corresponde únicamente a la cobardía.
Porque el 15 de agosto hubo otra convocatoria y Marruecos la detuvo. Desplegó policías, militares, vehículos y controles de carretera. Interceptó a centenares de personas y evitó que la frontera volviera a ser desbordada.
Cuando quiso, pudo. ¿De quién sospechamos?
En primer lugar, de quien tenía interés, oportunidad, presencia territorial y capacidad operativa. De quien permitió durante las horas decisivas que decenas de miles de personas alcanzaran la frontera. De quien, según los testimonios, imágenes y análisis recogidos por el CENIF, mantuvo una permisividad absoluta y cuyos agentes llegaron a indicar rutas de paso.
Sospechamos del Estado cuyo ministro de Justicia ha reivindicado públicamente para Marruecos un supuesto “derecho histórico y geográfico” sobre Ceuta y Melilla y ha reclamado su “retorno al seno de la patria”.
Ese Estado se llama Marruecos.
Sospechar no es condenar. El informe no identifica al autor intelectual último ni demuestra que el Gobierno marroquí impartiera la orden. Pero Marruecos reúne más elementos objetivos de sospecha que cualquier remoto enemigo utilizado como cortina de humo.
- El informe CENIF no aporta una sola prueba contra Rusia o Israel.
Señalarlos sin publicar evidencias resulta muy útil para desplazar el foco: están lejos, alimentan el ruido internacional y permiten evitar la pregunta incómoda sobre el país desde el que partieron 80.000 personas.
Rusia e Israel sirven para el relato. Marruecos aparece en el territorio.
¿Y las mafias? Si fueron ellas, volvemos al principio: ¿ quién controlaba las carreteras, las playas, los accesos y las fuerzas policiales del territorio donde operaban?
Pues eso, que diría Pedro Sánchez.
¿Y de qué sospechamos respecto al presidente español?
No de haber organizado la entrada. Sospechamos de algo políticamente más reconocible: de su versión. De su manera de ocultar, deformar o administrar la información según sus necesidades. De un presidente que ha convertido la rectificación permanente en sistema de gobierno; que niega hoy aquello que justificará mañana y llama mentira a una información hasta que ya no puede negarla.
Sospechamos de una estructura de poder que responde a cada escándalo atacando al juez, al policía, al periodista, a la oposición o al país extranjero de turno. Siempre hay un culpable disponible, siempre que no viva en La Moncloa.
Y entonces llegó la calle.
La reconstrucción municipal realizada a partir de los datos publicados sitúa la participación en las manifestaciones del 2 de septiembre alrededor de 940.000 personas, con un intervalo razonable entre 772.000 y 1.155.000. Incluso la suma más conservadora de cifras publicadas y no solapadas supera las 754.000.
No es un recuento oficial y una manifestación no es un referéndum. Tampoco todos los asistentes defendían las mismas soluciones. Contar personas no permite leerles el pensamiento.
Pero casi un millón de ciudadanos en las calles constituye una evidencia política imposible de esconder debajo de una alfombra, aunque sea la de La Moncloa.
No salieron solamente por la inmigración. Salieron por Ceuta, por los 96 muertos, por la frontera desbordada, por las alertas ignoradas o extraviadas, por la dependencia de Marruecos y por un Gobierno que asegura desconocer sus propios informes hasta que aparecen publicados.
El cerco no lo forman conspiradores. Lo forman las fechas.
El 27 se avisó.
El 29 se alertó.
El 30 colapsó la frontera.
El 31 se ofreció una explicación que el informe policial ha dejado gravemente desacreditada.
El 2 de septiembre, cientos de miles de españoles ocuparon las calles.
Y el 3, el presidente prometió publicar los informes que hasta entonces su Gobierno no parecía conocer.
El Gobierno debe publicarlos íntegramente, salvo aquello cuya reserva resulte imprescindible. Debe identificar quién recibió cada alerta, a qué hora, cómo fue evaluada y qué decisiones se adoptaron. Debe abrirse una investigación parlamentaria independiente y depurarse las responsabilidades policiales, administrativas y políticas.
España debe recuperar, además, la capacidad de proteger Ceuta y Melilla sin depender de que Marruecos decida colaborar.
La justicia determinará delitos y culpables. La política debe responder antes: quién conocía el riesgo, quién no hizo llegar la información, quién tomó las decisiones y quién construyó después una explicación incompatible con los datos de su propia Policía.
Puedes seguir huyendo, Pedro.
Pero ya no queda dónde esconderse.
La verdad te pisa los talones. Y los jueces, mientras tanto, siguen haciendo preguntas.
Jose Navarro
