La Unió Llauradora i Ramadera alerta de que agricultores y ganaderos valencianos afrontan los meses de verano con unos costes de producción muy superiores a los de hace seis años, precisamente en una época en la que numerosas explotaciones incrementan sus necesidades de agua, energía, combustible y determinados insumos.
Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura muestran que el índice general de precios pagados por los bienes y servicios utilizados en la actividad agraria se sitúa en 129,54, tomando 2020 como base 100.
Esto significa que, en términos generales, los inputs agrarios son cerca de un 30% más caros que en 2020, aunque algunos de los principales costes de las explotaciones han registrado incrementos muy superiores.
Los carburantes acumulan un encarecimiento superior al 90% desde 2020, mientras que los fertilizantes son un 82% más caros y la energía ha aumentado un 48%. También se han incrementado de forma significativa los costes de conservación y reparación de maquinaria (+39%), los productos fitosanitarios (+29%) y los gastos generales de las explotaciones (+28%). La escalada de los fertilizantes resulta especialmente preocupante. Los nitrogenados cuestan ya más del doble que en 2020. La urea del 46%, por ejemplo, ha pasado en un año de 52,69 a 72,84 euros por cada 100 kilos, lo que supone un incremento del 38%. El sulfato amónico del 21% aumenta cerca de un 30% y el abono 15-15-15 lo hace casi un 19%.
Esta situación adquiere especial relevancia durante el verano. En los cultivos de regadío, a las mayores necesidades hídricas se suman los costes energéticos derivados del bombeo, además del gasto en fertilización, tratamientos fitosanitarios y utilización de maquinaria. En los cultivos de secano continúan pesando especialmente el combustible, la maquinaria, los tratamientos y los fertilizantes. En las explotaciones ganaderas, por su parte, los animales deben alimentarse, abrevarse y atenderse diariamente, independientemente de las condiciones del mercado, lo que mantiene elevados los costes de alimentación, carburantes, electricidad, servicios veterinarios y mantenimiento.
LA UNIÓ advierte además de que esta inflación de los costes agrarios no se traslada de forma homogénea a los precios que perciben los productores.
Mientras los carburantes y los fertilizantes se encuentran un 90% y un 82% por encima de los niveles de 2020, respectivamente, los precios en origen de muchos productos no compensan el incremento de los costes de producción. En este sentido, por ejemplo, los precios en origen y destino de algunos productos del campo valenciano sufren un diferencial del 321% en el calabacín, del 385% en la lechuga, del 218% en el pepino, del 263% en el pimiento rojo, del 225% en el pimiento verde, del 245% en el tomate de ensalada, del 424% en el limón, del 147% en el melón y del 208% en la sandía.
En el caso de los productos ganaderos, el diferencial alcanza el 229% en la ternera de primera, el 348% en el cordero, el 187% en el pollo, el 423% en el cerdo y el 238% en el conejo. Estos datos, señala la organización, evidencian la necesidad de reforzar el funcionamiento de la cadena alimentaria para garantizar que los productores puedan cubrir sus costes y obtener una remuneración justa por su trabajo. LA UNIÓ considera que resulta más necesaria que nunca una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria que impida que el eslabón más débil soporte de forma desproporcionada los incrementos de los costes.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, señala que “cuando llega el verano no podemos apagar el campo. Los cultivos siguen necesitando agua, energía, tratamientos y maquinaria, y los animales hay que alimentarlos y atenderlos todos los días. Producir alimentos cuesta hoy mucho más que hace seis años y muchos de esos sobrecostes los asume directamente el agricultor o el ganadero”.
Ante esta situación, LA UNIÓ reclama la creación definitiva de un gasóleo profesional agrario, específicamente destinado a agricultores y ganaderos y con una fiscalidad reducida y adaptada tanto en el IVA como en el Impuesto sobre Hidrocarburos, dentro de los márgenes permitidos por la normativa europea.
La organización considera necesario pasar de medidas coyunturales o devoluciones posteriores a un sistema estructural que abarate directamente el combustible empleado para producir alimentos. “No tiene sentido que un carburante imprescindible para producir alimentos soporte una fiscalidad concebida fundamentalmente para el consumo ordinario”, señala Peris.
LA UNIÓ reclama asimismo medidas estructurales para reducir la factura energética de las explotaciones y del regadío, mediante el impulso del autoconsumo y las energías renovables, el almacenamiento energético, la modernización de los sistemas de riego y las inversiones en eficiencia energética. También solicita actuaciones ante el fuerte encarecimiento de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados, así como el desarrollo de una estrategia que permita reducir la dependencia exterior de materias primas esenciales para la producción agraria.
“Si queremos garantizar la producción de alimentos y mantener explotaciones viables, las políticas públicas no pueden limitarse a actuar sobre los precios finales; también tienen que ayudar a reducir los costes estructurales de producir”, concluye Peris.
