Manifiesta así, junto al resto del sector, su rechazo ante los primeros precios de compra de uva que se plantean para esta vendimia y califican la situación de inadmisible.
Mientras se habla reiteradamente de sostenibilidad, futuro y prestigio del sector vitivinícola vinculado a la DO CAVA, algunos de los primeros precios para esas uvas blancas que están circulando se sitúan muy por debajo de los costes de producción de referencia.
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«En estos momentos, los precios que se comentan en el sector son en Jaume Serra (Grupo García Carrión): en torno a 0,30 €/kg, en el Celler Can Pagès alrededor de 0,25 €/kg y en Vins Font sobre 0,30 €/kg»
Son cotizaciones que en algunos casos se situarían prácticamente en la mitad del coste de producción de referencia. Esta situación, si se confirma, supondría cargar una vez más sobre el viticultor las tensiones económicas y comerciales del sector.
A los productores les preocupa aún más que se planteen fórmulas que pueden maquillar el precio realmente percibido por el productor. En algunos casos, solo aproximadamente el 70 % de la uva se pagaría al precio anunciado, mientras que el 30 % restante podría llegar a pagarse a solo 0,12 €/kg.
LA UNIÓ afirma que no aceptará que se presente públicamente un determinado precio de la uva si después, mediante porcentajes, limitaciones de kilos u otras fórmulas comerciales, el precio medio real que acaba percibiendo el viticultor es sustancialmente inferior.
La organización considera que esta vendimia puede marcar un punto de inflexión.
Durante años se ha pedido a los viticultores profesionalización, calidad, sostenibilidad, inversiones, adaptación al cambio climático y compromiso con el territorio. Pero todo ello es incompatible con pagar la uva por debajo de su coste de producción.
El sector productor defiende que no habrá sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica; no habrá prestigio para nuestros vinos y cavas si quien cultiva la viña no puede vivir dignamente de su trabajo. Por este motivo, envía un mensaje claro a las bodegas y grandes compradores y es el de que todavía están a tiempo de rectificar y alinearse con el territorio, los agricultores y defender un modelo justo para todos. Espera LA UNIÓ, por tanto, que estos primeros precios no sean los definitivos y reclaman responsabilidad al conjunto de los compradores antes de hacer públicas sus condiciones de compra para esta vendimia.
La Unió Llauradora, junto al resto del sector productor, expone que hará públicos los precios oficiales tan pronto como estén a su disposición, especialmente aquellos que se sitúen por debajo de las referencias de costes y las fórmulas que hagan bajar la media de la totalidad de la uva adquirida. Recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria establece que el precio percibido por el productor debe ser superior a su coste efectivo de producción y alerta de que también denunciará los incumplimientos.
Insiste en que las bodegas y las cooperativas no deberían vender a precios que impliquen tener que pagar al agricultor por debajo de los costes de producción y alertan de que esta situación que se denuncia en el sector del cava también se produce en variedades tintas de las denominaciones de origen, con el agravante de que el mercado no valora estas variedades y resulta incluso difícil encontrarles salida, más aún teniendo en cuenta que fueron las bodegas las que promovieron este tipo de plantaciones que ahora no tienen salida comercial.
Por ello LA UNIÓ reitera su petición de solicitar el arranque social de viñedos, como una medida más para adecuar la producción a la demanda.
Reclama a bodegas, empresas elaboradoras y compradores que actúen con responsabilidad y señala que el sector productor está unido y no permitirá que se construya el futuro del sector vitivinícola a costa de la ruina de quienes cultivan los viñedos.
Ante esta situación, el Gobierno de España no ha activado las ayudas extraordinarias al viñedo fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. LA UNIÓ exige el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que establecía un fondo de 370 millones de euros —285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano— destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania. También critica que el Gobierno no haya pedido a la UE apoyo económico para la destilación de crisis, herramienta destinada a reducir la oferta de vinos y reequilibrar el mercado, tal y como han hecho Francia y Alemania que contarán con 40 y 14 millones de euros de presupuesto, respectivamente.
