La Generalitat Valenciana garantizará un periodo de dos años de estabilidad en el Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento para aquellos municipios que actualmente cumplen los requisitos demográficos exigidos, pero que en el futuro dejen de reunir las condiciones para mantenerse dentro del programa.
La medida está recogida en la Ley 3/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, una norma que modifica más de un centenar de disposiciones con el objetivo de reducir cargas administrativas, acelerar trámites y mejorar la relación entre la Administración y las entidades locales.
Un periodo transitorio para garantizar la financiación municipal
Una de las principales novedades de la nueva legislación afecta directamente a los municipios incluidos en las políticas de lucha contra la despoblación.
La modificación de la Ley 5/2023, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial, incorpora un mecanismo de estabilidad que evitará que un ayuntamiento pierda automáticamente las ayudas del Fondo de Cooperación Municipal cuando deje de cumplir los criterios demográficos establecidos.
De esta forma, la Generalitat establece un periodo de transición de dos años que permitirá a los municipios adaptarse progresivamente a su nueva situación y planificar con mayor seguridad la prestación de servicios públicos esenciales.
El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha defendido que esta medida responde a un criterio de «sentido común» para evitar que los municipios que consiguen mejorar sus indicadores poblacionales pierdan de forma repentina los recursos autonómicos.
«Queremos que aquellos pueblos que están haciendo las cosas bien y que consiguen mejorar sus datos demográficos no se vean perjudicados perdiendo de un año para otro las ayudas de la Generalitat», ha señalado.
Protección para los pequeños municipios valencianos
El objetivo de esta modificación es ofrecer mayor estabilidad financiera a los ayuntamientos de menor tamaño, especialmente aquellos situados en zonas rurales donde la pérdida de población supone un desafío para el mantenimiento de servicios básicos.
Según la Generalitat, garantizar una financiación estable permite a los municipios disponer de más capacidad de planificación y continuar desarrollando políticas vinculadas a la cohesión territorial, la prestación de servicios y la fijación de población.
José Díez ha destacado que la nueva regulación pretende «dar estabilidad a los ayuntamientos, proteger los servicios básicos y acompañar a los municipios pequeños para que sigan teniendo futuro».
Nuevo nivel de ayudas para municipios con riesgo intermedio
La nueva ley también amplía el ámbito de aplicación del Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento.
Además de mantener como beneficiarios a los municipios que cumplen los criterios generales establecidos en la Ley 5/2023, se incorpora expresamente una categoría intermedia de municipios en riesgo de despoblamiento.
Estos municipios podrán recibir el 50 % de la asignación del Fondo de Cooperación Municipal, aunque no cumplan todos los requisitos necesarios para ser considerados oficialmente municipios en riesgo de despoblación.
Esta categoría incluye localidades que presentan determinadas características demográficas o territoriales que justifican una atención específica dentro de las políticas de cohesión territorial.
Un segundo nivel para evitar la pérdida de población
La Generalitat pretende con esta medida crear un sistema de apoyo progresivo para aquellos municipios que comienzan a experimentar problemas demográficos, especialmente localidades pequeñas de menos de 1.000 habitantes.
El objetivo es evitar que estos pueblos queden excluidos de las ayudas cuando todavía necesitan apoyo para mantener servicios públicos, impulsar la actividad económica y favorecer la llegada o permanencia de población.
La Administración autonómica considera que esta fórmula permitirá anticiparse a situaciones de despoblación más severas mediante una intervención gradual.
Facilidades para compartir funcionarios entre municipios
La Ley 3/2026 también introduce cambios para mejorar la gestión administrativa de los ayuntamientos más pequeños.
La nueva regulación modifica el Decreto 92/2021 sobre funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional para facilitar que varias entidades locales puedan compartir determinados puestos de trabajo.
Así, los municipios cuya secretaría esté clasificada en clase tercera y que no dispongan de recursos suficientes podrán agruparse hasta un máximo de tres ayuntamientos para mantener conjuntamente el puesto de secretaría.
Esta medida busca garantizar que los pequeños consistorios puedan contar con personal especializado y mejorar su capacidad administrativa.
Menos burocracia para las agrupaciones municipales
Además, la normativa modifica el procedimiento administrativo para la creación de agrupaciones de municipios destinadas al sostenimiento de personal común.
La competencia para resolver estos procedimientos pasará a la Dirección General de Administración Local, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y agilizar la puesta en marcha de estas fórmulas de colaboración.
La Generalitat considera que estas modificaciones permitirán mejorar la eficiencia administrativa y reforzar la capacidad de gestión de los ayuntamientos con menos recursos.
