El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y miembro de la dirección del PP en la Comunitat Valenciana, se ha sumado a la declaración conjunta suscrita por los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para reclamar al Gobierno de España una política nacional de adaptación frente a los riesgos derivados de los incendios forestales y otros fenómenos naturales extremos.
Bajo el lema ‘Montes vivos, pueblos seguros’, el documento defiende que la prioridad debe centrarse en reforzar la capacidad de prevención, coordinación y respuesta de las administraciones públicas ante las emergencias naturales, al tiempo que reclama una mayor atención al medio rural y a la gestión activa del territorio.
En este sentido, Martínez Mus ha abogado por impulsar «acciones comunes más allá de declaraciones de intención» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras considerar que la propuesta de un pacto anunciada por el Gobierno carece de medidas concretas.
Las comunidades denuncian la falta de respuesta del Gobierno
La declaración recuerda que las comunidades autónomas gobernadas por el PP trasladaron previamente al Ejecutivo central una propuesta conjunta basada en la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos naturales, la gestión forestal, la planificación hidráulica, el refuerzo de los medios de extinción y una mayor coordinación institucional.
Según recoge el texto, esta propuesta no obtuvo respuesta por parte del Gobierno. Martínez Mus ha señalado que la mitigación del cambio climático constituye «un desafío global», pero ha advertido de que la adaptación a sus consecuencias representa una responsabilidad directa de las administraciones nacionales y autonómicas.
Como ejemplo de las actuaciones desarrolladas por la Generalitat, ha recordado las ayudas al pastoreo para mantener limpios los montes o proyectos como los parques inundables metropolitanos para reducir el impacto de las riadas, complementando las obras hidráulicas que, según ha indicado, siguen pendientes por parte del Gobierno.
La gestión del territorio, clave para reducir los riesgos
El documento suscrito por los consejeros populares sostiene que la política climática debe ser compatible con la competitividad económica, la seguridad energética y el mantenimiento de la actividad productiva.
Asimismo, pone el foco en la situación del medio rural y considera que la despoblación, el abandono de los montes, la falta de gestión forestal y la paralización de determinadas infraestructuras han incrementado la vulnerabilidad frente a incendios e inundaciones.
Por ello, la declaración defiende que quienes viven y trabajan en el territorio deben convertirse en aliados de la conservación del medio natural.
Martínez Mus también ha destacado que «pueblos vivos significan montes vivos» y ha insistido en que una adecuada gestión del territorio constituye una de las herramientas más eficaces para prevenir emergencias y reducir sus consecuencias sobre las personas y el patrimonio natural.
«Necesitamos luchar contra el abandono de cultivos y recuperar la vida de nuestros pueblos», ha afirmado.
Propuesta de un pacto de Estado frente a los riesgos naturales
Las comunidades autónomas firmantes reiteran sus propuestas en materia de cogobernanza, adaptación al cambio climático, prevención, gestión forestal, protección civil, planificación hidráulica, financiación y apoyo al medio rural, con el objetivo de que sirvan como base para un futuro acuerdo nacional frente a los riesgos naturales.
En este sentido, Martínez Mus respalda la puesta en marcha de un pacto estatal que permita reforzar la gestión forestal durante todo el año, mejorar los medios estatales de prevención y extinción, ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes, fortalecer los sistemas de protección ciudadana y garantizar una financiación suficiente y estable.
Además, el conseller ha reclamado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abrir una negociación con el Gobierno de España y avanzar hacia un pacto de Estado basado en el diálogo, la cooperación institucional y la corresponsabilidad entre administraciones.
