La Generalitat ha mostrado su oposición al proyecto de real decreto promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modifica los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
El Consell considera que la reforma supone una modificación sustancial del régimen vigente y advierte de que podría generar una importante inseguridad jurídica, además de afectar al desarrollo económico y urbanístico de la costa valenciana.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que, si el texto no se modifica durante su tramitación, la Generalitat defenderá los intereses de la Comunitat Valenciana «en todas las instancias», incluida la vía judicial.
El Consell rechaza el cambio del criterio de deslinde
Según ha explicado Martínez Mus, el Gobierno pretende sustituir el criterio técnico aplicado durante décadas para fijar el límite del dominio público marítimo-terrestre por otro basado en un único episodio excepcional de temporal.
A juicio del conseller, ese cambio resulta «desproporcionado» y supondría modificar un elemento esencial de la Ley de Costas mediante un reglamento.
El responsable autonómico sostiene que el deslinde debe fundamentarse en fenómenos reiterados y no en episodios extraordinarios.
Alegaciones para mantener el sistema vigente
La Generalitat recuerda que ya presentó alegaciones durante la tramitación del proyecto solicitando mantener el criterio actualmente recogido en la normativa.
Según la posición defendida por el Consell, el límite del dominio público marítimo-terrestre debe fijarse atendiendo al alcance de las olas durante los mayores temporales conocidos cuando estos se hayan producido de forma reiterada, y no por un único episodio excepcional.
Para el Gobierno valenciano, convertir un fenómeno aislado en referencia permanente supondría ampliar el dominio público sin criterios de estabilidad ni proporcionalidad.
La comparación con la DANA de 2024
Durante sus declaraciones, Martínez Mus comparó la modificación propuesta con las inundaciones provocadas por la DANA del 29 de octubre de 2024.
Según expuso, aplicar el mismo razonamiento al dominio público hidráulico implicaría que todos los terrenos inundados durante aquel episodio pasaran automáticamente a formar parte del dominio público, una interpretación que considera jurídicamente insostenible.
El Consell entiende que los fenómenos excepcionales no deben utilizarse como criterio general para delimitar bienes de dominio público.
Críticas al sistema de medición previsto
Otro de los aspectos cuestionados por la Generalitat hace referencia a los sistemas de medición contemplados en el proyecto de decreto.
El Consell considera que el texto permite utilizar información procedente de boyas, satélites u otros registros oceanográficos y meteorológicos sin concretar indicadores suficientemente objetivos, reiterados y verificables, lo que, a su juicio, incrementaría la discrecionalidad administrativa en futuros procedimientos de deslinde.
El Consell plantea acudir a los tribunales
La Generalitat sostiene que una modificación de esta relevancia no debería aprobarse mediante un reglamento, sino a través de una reforma legislativa debatida en las Cortes Generales, dada la repercusión que puede tener sobre la propiedad privada, la planificación urbanística, el turismo y la actividad económica del litoral.
Por ello, el Ejecutivo valenciano mantiene su petición al Ministerio para que rectifique el texto y advierte de que, si no se introducen cambios, recurrirá el decreto ante los tribunales.
