La Generalitat ha denunciado que el Gobierno central ha reducido en más de un 70 % la financiación destinada a las comunidades autónomas para la atención de menores migrantes no acompañados, mientras mantiene el sistema de traslados entre territorios.
La crítica ha sido trasladada por la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves, en la que se abordó el reparto territorial de fondos para la atención de estos menores.
Según Albalat, el acuerdo ya había sido aprobado previamente por el Consejo de Ministros. “Es un ninguneo más a las comunidades autónomas y una nueva muestra del carácter impositivo del Gobierno. La Conferencia se convierte en un mero trámite cuando las decisiones ya llegan aprobadas, sin voluntad de diálogo ni de consenso”, ha afirmado.
La consellera ha explicado que la Comunitat Valenciana no se ha opuesto al reparto para no impedir que los fondos lleguen al conjunto de territorios beneficiarios, aunque ha insistido en que la financiación prevista resulta insuficiente.
La financiación para menores migrantes cae respecto a 2025
Según los datos aportados por la Generalitat, en 2025 el Estado destinó 100 millones de euros para apoyar a las comunidades autónomas en la atención de menores migrantes, de los que 7,4 millones correspondieron a la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, la propuesta para 2026 contempla un fondo de 35 millones de euros para el conjunto de las autonomías. De esa cantidad, la Comunitat Valenciana recibirá 2.588.581 euros.
Albalat considera que este descenso dificulta la capacidad de respuesta de los servicios autonómicos y ha reclamado una financiación estable que permita atender adecuadamente las necesidades de estos menores.
La Generalitat advierte de la saturación del sistema de protección
La responsable de Servicios Sociales ha señalado que la Comunitat Valenciana ha recibido ya 243 menores trasladados desde otros territorios y que durante 2026 se ha atendido a más de 1.000 menores migrantes, según los datos del Ministerio.
Además, ha recordado que la financiación estatal solo cubre los primeros 100 días de atención, pese a que los menores permanecen más tiempo dentro del sistema de protección y continúan siendo atendidos por la Generalitat con fondos propios.
La consellera también ha asegurado que el sistema valenciano de protección de la infancia registra una ocupación superior al 160 % y ha cuestionado la capacidad ordinaria de 1.900 plazas atribuida por el Ministerio a la Comunitat Valenciana.
Por ello, ha reclamado al Gobierno una financiación “superior, estable y estructural” para garantizar una atención adecuada.
“Cada vez recibimos más menores y, sin embargo, el Estado reduce la financiación y la Comunitat Valenciana no puede asumir en solitario un esfuerzo que corresponde a todas las administraciones”, ha remarcado.
Recursos judiciales contra los traslados de menores
La Generalitat mantiene además distintas actuaciones judiciales relacionadas con el sistema de traslados de menores no acompañados.
Por una parte, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025. Asimismo, la Conselleria de Servicios Sociales mantiene recursos por la vía contencioso-administrativa contra resoluciones estatales que acuerdan reubicaciones sin una valoración individualizada de cada menor.
Según la Generalitat, algunas de estas resoluciones afectan a jóvenes próximos a la mayoría de edad o con vínculos familiares en otras comunidades autónomas que no han sido tenidos en cuenta.
En este sentido, Albalat ha destacado que ya existen sentencias que anulan resoluciones de traslado por falta de motivación.
“Estas resoluciones confirman que el Ministerio no explica los criterios por los que asigna cada menor a una comunidad autónoma, lo que genera indefensión e impide comprobar si el traslado responde realmente a su interés superior”, ha señalado la consellera.
