La Generalitat ha remitido a la Agencia Estatal de Transformación Digital un informe en el que advierte de las deficiencias detectadas en el servicio de soporte del Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores (CAID), responsable de gestionar las incidencias y autorizaciones necesarias para acceder a los servicios de la Plataforma de Intermediación de Datos.
La Generalitat considera que esta situación trasciende el ámbito estrictamente tecnológico y afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al dificultar la utilización de una infraestructura esencial para la tramitación administrativa y para el ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a no aportar documentos que ya obran en poder de las administraciones públicas, reconocido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
Una plataforma clave para la Administración digital
La Plataforma de Intermediación de Datos permite que las administraciones consulten directamente información como la identidad, el empadronamiento, la situación tributaria o con la Seguridad Social, los títulos académicos, la condición de familia numerosa, la discapacidad o los datos catastrales, entre otros.
Gracias a estos servicios, ciudadanos y empresas no tienen que presentar certificados que ya obran en poder de otra administración, reduciendo cargas administrativas y agilizando la tramitación de procedimientos.
Solo la Generalitat realiza más de 38 millones de consultas interoperables al año mediante estos servicios, que constituyen uno de los pilares sobre los que se apoya la Administración digital.
Retrasos que afectan a ayudas, becas y otros procedimientos
El informe remitido al Estado señala que desde hace meses se vienen produciendo demoras significativas en la resolución de incidencias y, especialmente, en la tramitación de autorizaciones necesarias para acceder a determinados servicios de verificación de datos.
El director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, ha explicado que estos retrasos están dificultando la implantación de nuevos procedimientos administrativos y afectan también a expedientes cuya normativa prevé expresamente la consulta interoperable de datos.
Entre los procedimientos afectados figuran becas universitarias, ayudas a comunidades de regantes, subvenciones de innovación educativa, ayudas al deporte, licencias de pesca, procedimientos agrarios, ayudas sanitarias y expedientes de entidades locales de la Comunitat Valenciana.
Ortega ha señalado que, cuando un procedimiento está diseñado para que el ciudadano no aporte determinada documentación, la falta de acceso a los servicios de interoperabilidad complica la gestión administrativa, ya que obliga a verificar requisitos sin disponer de la información necesaria.
Un impacto económico y administrativo millonario
Además del impacto sobre la tramitación administrativa, el informe incorpora una estimación del coste que tendría sustituir las consultas interoperables por actuaciones manuales.
Según la Generalitat, esta situación supondría dedicar más de 6,3 millones de horas de trabajo administrativo en la Comunitat Valenciana, con un coste interno cercano a los 140 millones de euros anuales, además del incremento de cargas para ciudadanos y empresas.
El Consell advierte también de que una degradación prolongada de estos servicios compromete la seguridad jurídica de los procedimientos, ralentiza la implantación de nuevas políticas públicas y reduce la confianza en la Administración digital.
La Generalitat pide medidas urgentes al Estado
Ante esta situación, la Dirección General de Simplificación Administrativa y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han solicitado a la Agencia Estatal de Transformación Digital que refuerce la capacidad operativa del servicio de soporte, agilice las autorizaciones pendientes, establezca compromisos claros de nivel de servicio y mejore la coordinación con las administraciones usuarias.
Fran Ortega ha destacado que «la interoperabilidad ya no es únicamente una herramienta tecnológica; constituye una infraestructura esencial para el funcionamiento de la Administración digital y para garantizar un derecho reconocido por la Ley 39/2015».
Asimismo, ha subrayado que cuando esta infraestructura no responde con la rapidez necesaria, el problema deja de ser tecnológico para convertirse en una cuestión de gestión pública que condiciona la prestación de servicios a la ciudadanía.
La Generalitat ha trasladado finalmente su disposición a colaborar con la Agencia Estatal de Transformación Digital para implantar las mejoras necesarias y garantizar el correcto funcionamiento de un servicio estratégico para todas las administraciones públicas.
