La Unió Llauradora ha reclamado la puesta en marcha urgente de un plan de arranque definitivo de viñedo con criterios sociales, que consensue tanto las condiciones de admisibilidad como los criterios de prioridad para ajustar la superficie cultivada.
La organización agraria considera que esta medida es clave para paliar la crisis que atraviesa el sector vitivinícola desde hace varios años, especialmente en el ámbito de la producción, donde los bajos precios en origen y la caída del consumo están afectando de forma directa a la rentabilidad de las explotaciones.
Un sector en crisis estructural
La entidad advierte de que, si la aplicación de la normativa comunitaria se retrasa hasta julio de 2026 y no se realizan estudios previos de las superficies afectadas, el exceso de producción podría intensificar aún más la presión sobre los precios de la uva y del vino.
Esta situación, unida a una posible cosecha elevada, podría provocar un nuevo descenso generalizado de los precios en origen y poner en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones vitícolas.
Críticas a la gestión de la Intervención Sectorial Vitivinícola
La Unió defiende que los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), dotada con 202,14 millones de euros, deben destinarse prioritariamente a los viticultores que continúan en activo.
La organización critica además las diferencias de apoyo entre países europeos, señalando el caso de Francia, que ha destinado ayudas específicas al arranque de viñedo y a medidas de crisis del sector.
Descenso de la demanda y tensiones en el mercado
La organización ha alertado de una reducción progresiva de la demanda de uva por parte de las bodegas, una tendencia que se repite en distintas denominaciones de origen y que se ve agravada por las expectativas de producción elevada.
Asimismo, advierte de que el consumo de vino continúa descendiendo tanto en la Unión Europea como a nivel global, lo que agrava la situación estructural del sector.
Revisión de la PAC y control del mercado
La Unió reclama también cambios en la futura Política Agraria Común (PAC), especialmente en lo relativo a la financiación de las intervenciones sectoriales, defendiendo que estas deberían contar con mayor respaldo económico y sin cofinanciación obligatoria de los Estados miembros.
La organización denuncia además la existencia de prácticas fraudulentas en el sector, como la sustitución de alcoholes vínicos por otros de distinto origen, y pide un refuerzo de los controles por parte de las administraciones competentes.
En este contexto, la entidad insiste en la necesidad de una respuesta coordinada y urgente para garantizar la estabilidad del sector vitivinícola valenciano y europeo.
