La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno de España más responsabilidad y diálogo. También ha reclamado menos imposiciones ideológicas para afrontar el problema de acceso a la vivienda. La consellera de Vivienda solicitó que las políticas públicas se centren en soluciones reales para los ciudadanos. A su juicio, el Ejecutivo central no debe imponer modelos sectarios e intervencionistas a las comunidades autónomas.
Camarero realizó estas declaraciones antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. El Ministerio convocó este encuentro de trabajo. En la cita, la vicepresidenta defendió la necesidad de abrir una negociación real sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Asimismo, propuso adaptar las medidas legales a la realidad de cada territorio.
Críticas a la aprobación del Plan Estatal
La vicepresidenta lamentó que el nuevo Plan Estatal llega tarde y sin consenso general. Afirmó que la norma traslada el mayor esfuerzo económico directamente a las comunidades autónomas. El Consell traslada propuestas concretas al Ministerio desde diciembre de 2024. Sin embargo, el Gobierno central no incorporó muchas de estas peticiones al documento.
Camarero señaló un hecho grave en la gestión ministerial. Las comunidades autónomas no conocieron el texto definitivo antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. En su opinión, esta actitud no refleja cogobernanza ni lealtad institucional. Advirtió que Madrid no puede diseñar la política de vivienda de los próximos cinco años de espaldas a las autonomías. Estas entidades ostentan las competencias y gestionan diariamente las ayudas y las promociones públicas.
Posible recurso judicial e inseguridad jurídica
Susana Camarero avanzó que la Generalitat estudia la presentación de un recurso legal contra el Plan Estatal de Vivienda. La administración autonómica fundamenta esta opción en las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. El órgano consultivo cuestiona la invasión de competencias autonómicas por parte del texto de la norma. También critica imposiciones como la regulación de la calificación permanente de la vivienda protegida.
La consellera recriminó las cláusulas que subordinan las ayudas a criterios de control político. El Ministerio condiciona su aportación económica al hecho de convocar a la ministra con 30 días de antelación para visitar las obras. Según Camarero, esto demuestra que a la ministra le importa más salir en la foto que la construcción real de inmuebles en la Comunitat Valenciana. La vicepresidenta aseguró que esta exigencia crea inseguridad jurídica y resulta un absurdo absoluto.
Desequilibrio presupuestario y financiación autonómica
La vicepresidenta denunció el modelo de financiación del nuevo Plan Estatal por considerarlo profundamente desequilibrado. Afirmó que el Gobierno central presume de inversión, pero traslada el coste a las autonomías. El Ejecutivo propuso un plan de 7.000 millones de euros a cinco años. Pese a ello, obliga a las comunidades a asumir una parte muy importante de ese incremento presupuestario. Las autonomías pasan de financiar el 30% al 40% del Plan, mientras el Estado reduce su aportación del 70% al 60%.
En el caso de la Comunitat Valenciana, el nuevo Plan contempla unos 798 millones de euros para los próximos cinco años. El programa anterior fijaba la cuantía en 240 millones. Sin embargo, Camarero subrayó que la Comunitat Valenciana debe multiplicar por más de cuatro su esfuerzo presupuestario. En cambio, el Estado apenas multiplica por dos su aportación económica.
El Estado pasa de aportar 168 millones a unos 480 millones de euros. Por su parte, la Comunitat Valenciana eleva su partida desde los 72 millones hasta los 319 millones de euros. Camarero aseveró que las aportaciones quedan prácticamente igualadas pese a que el presupuesto estatal supera 19 veces al autonómico. Recordó además que la región sufre una infrafinanciación histórica y afronta una emergencia habitacional derivada de la Dana de 2024. Por ello, reclamó que el Gobierno de España tenga en cuenta la singularidad valenciana en el reparto de fondos.
Ayudas en riesgo y ausencia de medidas eficaces
La consellera de Vivienda recordó que el retraso del Plan pone en riesgo las ayudas de 15.000 familias y jóvenes valencianos. Estos ciudadanos se beneficiaron el año pasado de las ayudas al alquiler y del bono joven. El programa debía estar aprobado desde diciembre. El retraso en la presentación provocará que las ayudas no puedan publicarse hasta el último trimestre. La consellera señaló que los meses perdidos bloquean las convocatorias públicas.
La vicepresidenta criticó que el nuevo Plan Estatal no incorpora medidas eficaces para abaratar los inmuebles ni aumentar la oferta. El Ministerio rechazó propuestas de la Generalitat como la reducción del IVA vinculado a la vivienda o los incentivos fiscales para la compra. Tampoco aceptó ampliar las ayudas a jóvenes en municipios de más de 10.000 habitantes ni crear líneas para adquirir suelo destinado a vivienda protegida.
Camarero afirmó que la norma genera más burocracia y más intervención, pero ofrece menos soluciones reales. Defendió que el problema de la vivienda se resuelve aumentando la oferta de suelo y dando seguridad jurídica a las empresas constructoras.
Flexibilidad para fondos europeos y balance de gestión
Por otro lado, la vicepresidenta reclamó al Gobierno de España flexibilidad en los plazos de ejecución de los fondos europeos MRR. Recordó que el Estado trasladó estos fondos en 2021. Cuando el actual Consell llegó al Gobierno valenciano en 2023, el anterior ejecutivo no había impulsado los proyectos necesarios.
Camarero explicó que el nuevo equipo aceleró los trámites y puso en marcha promociones que hoy están en ejecución. Por este motivo, el departamento necesita flexibilidad temporal para culminar los proyectos pendientes.
Durante su intervención, Camarero reivindicó la gestión directa del Consell en materia de vivienda. Destacó que la Generalitat incrementó el parque público hasta las 14.729 viviendas en menos de dos años. El Ejecutivo autonómico entregó más de 1.000 viviendas sociales y movilizó más de 4.800 inmuebles de protección pública a través del Plan Vive. Además, el departamento gestionó más de 220 millones de euros en ayudas para más de 44.500 personas. Concluyó que estos resultados se logran sin imponer limitaciones ni aplicar criterios ideológicos.
