Las medidas oficiales comportan un impacto económico grande para los productores afectados, que se ven obligados a eliminar su capital productivo sin ningún tipo de compensación
La Unió Llauradora ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que habilite una línea de ayudas específica y urgente para las explotaciones citrícolas afectadas por la obligación de destrucción de cítricos como consecuencia de la confirmación oficial de la presencia del virus de la clorosis nervial amarilla.
La organización solicita que este régimen de compensaciones contemple de manera integral la indemnización por el valor de las plantaciones destruidas, la compensación por la pérdida de renta durante el periodo improductivo hasta la nueva entrada en producción, las ayudas a la replantación (material vegetal y costes asociados), así como el coste de las tareas de arranque y eliminación de los árboles, en el supuesto de que estas no sean asumidas directamente por la Administración.
Así mismo, LA UNIÓ demanda a la Conselleria que estas ayudas se tramiten con carácter urgente y mediante procedimientos simplificados, dada la inmediatez de las obligaciones impuestas a los agricultores y el impacto económico directo que comportan estas medidas.
La reciente publicación de la resolución de 21 de abril de 2026 de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura, por la cual se declara la presencia del Potexvirus citriflavivenae (virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos) y se establecen medidas obligatorias de erradicación y control en la Comunitat Valenciana, supone un punto de inflexión para determinadas zonas productoras, concretamente para las comarcas del Baix Vinalopó y de la Vega Baja. Esta resolución, adoptada en base a la normativa europea y estatal en materia de sanidad vegetal, establece medidas estrictas para evitar la propagación del virus, debido a su elevada capacidad de dispersión y a la ausencia de tratamientos curativos.
Entre estas medidas, destaca de manera especialmente relevante la obligación de destrucción total de los árboles en parcelas declaradas infectadas, en un plazo máximo de quince días y bajo control de la Administración.
Esta obligación, que se deriva del carácter de utilidad pública de la lucha contra esta plaga y de las previsiones de la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, implica un sacrificio directo e inmediato por parte de las personas titulares de las explotaciones afectadas, que tienen que hacer frente tanto a la pérdida de sus cultivos como a los costes derivados de la ejecución de las medidas impuestas.
Nos encontramos ante un escenario en que la Administración, en aplicación del Reglamento (UE) 2016/2031 y de la Ley 43/2002, impone medidas fitosanitarias obligatorias para la protección del interés general y del conjunto del sector citrícola. Sin embargo, estas medidas comportan un impacto económico muy severo sobre los productores afectados, que se ven obligados a eliminar su capital productivo sin que, a estas alturas, se haya articulado ningún mecanismo compensatorio específico.
Hay que tener en cuenta que la destrucción de plantaciones citrícolas no solo implica la pérdida inmediata de la producción, sino también la desaparición de una inversión acumulada durante años, así como un periodo prolongado sin ingresos hasta la entrada en producción de nuevas plantaciones. Además, a la pérdida hay que añadir los costes directos de arranque y eliminación de árboles, así como gastos asociados a una eventual replantación.
Esta situación genera un desequilibrio evidente entre la obligación impuesta en beneficio del interés general y la carga económica asumida individualmente por los agricultores afectados.
LA UNIÓ considera que la resolución adoptada es coherente con la necesidad de contener una plaga emergente con potencial impacto sobre el sector, pero cree que no puede recaer exclusivamente sobre los productores el coste de una actuación que responde a un interés público general y de una infestación de la que el agricultor no ha tenido ninguna responsabilidad. “Trasladar íntegramente este impacto a los citricultores afectados no solo genera una situación de agravio, sino que puede comprometer la colaboración necesaria del sector en la aplicación eficaz de las medidas fitosanitarias”, señala la organización agraria.
Se han confirmado hasta la fecha 22 casos positivos en la Comunitat Valenciana. Las principales especies afectadas son limonero, lima y naranjo amargo, con síntomas como amarilleamiento de nervaduras y deformaciones en hojas que provocan caídas de rendimiento. La principal superficie citrícola en la Comunitat Valenciana que es el naranjo y el mandarino clementina de momento pueden ser portadores de la enfermedad, pero no muestran síntomas. LA UNIÓ pide más investigación en la la obtención de patrones tolerantes, primero en limonero, e indica que una vez más se pone de manifiesto que la inversión en un centro de referencia como el IVIA no debe parar de crecer.
