La Unió Llauradora i Ramadera denuncia la grave situación generada por la Conselleria de Agricultura al no publicar todavía la resolución de las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores, tras incumplir de manera clara y reiterada los plazos establecidos en su propia normativa.
A fecha de hoy, han transcurrido ya 106 días desde que finalizó el plazo legal para resolver estas ayudas, fijado en seis meses desde la publicación de la convocatoria, que tuvo lugar el 7 de julio de 2025. Por lo tanto, la Conselleria tenía que haber resuelto como máximo el 7 de enero de 2026, tal como establecen tanto el artículo 15.3 de la Orden de bases reguladoras como el propio apartado noveno de la convocatoria.
A pesar de esta clara obligación, la realidad es que la Conselleria no ha publicado todavía la resolución de los expedientes de jóvenes agricultores y ganaderos, que según sus propios datos ascenderían a unos 430 expedientes favorables, una vez descontados desistimientos y solicitudes que no cumplían los requisitos.
El pasado 30 de marzo se resolvieron y publicaron 109 expedientes de nuevos agricultores, pero no de jóvenes agricultores y ganaderos, lo que les deja en una situación de incertidumbre absoluta.
La situación genera un escenario especialmente grave, puesto que los jóvenes afectados se ven atrapados en un vacío administrativo que les impide tomar decisiones clave para sus explotaciones. La falta de resolución condiciona directamente cuestiones fundamentales como la tramitación de las ayudas de la PAC, el acceso a los derechos de la reserva nacional o la formalización de arrendamientos de tierras incluidos en sus planes empresariales, entre otras cosas.
Con el plazo de la PAC cerrándose el próximo 30 de abril, aunque se prevé prorrogar hasta el 15 de mayo, LA UNIÓ alerta que muchos de estos jóvenes se verán abocados a perder un año completo, con el consiguiente impacto económico y profesional.
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“No estamos ante un simple retraso administrativo, sino de una situación que bloquea proyectos de vida y pone en riesgo real el relevo generacional en el campo valenciano”, afirma el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris.
La organización agraria insiste que el cumplimiento de los plazos no es una cuestión menor ni formal, sino una obligación esencial de cualquier administración pública. “Cuando un agricultor no cumple con los plazos, es sancionado. La Administración tiene que ser igualmente exigente consigo misma”, señala LA UNIÓ.
Además, recuerda que la propia convocatoria establece que la resolución -tanto de concesión como de denegación o dejación- tiene que ser publicada en la sede electrónica de la Generalitat, reforzando así la transparencia del procedimiento. Sin embargo, esta publicación no se ha producido, lo cual agrava todavía más la situación de indefensión de las personas solicitantes.
“Esto no es un problema individual ni tampoco político, es un problema estructural, colectivo y social. No resolver en plazo no tiene un efecto neutro, puesto que genera inseguridad jurídica, imposibilita planificar las explotaciones y provoca la pérdida de oportunidades en ayudas, inversiones y derechos vinculados a la PAC”, remarca Peris.
LA UNIÓ deja claro que no pretende interferir en el contenido de las resoluciones, sino exigir que la Administración cumpla con sus obligaciones. “No pedimos que se concedan las ayudas sin criterio, sino que se resuelvan en tiempo y forma. Lo que no es admisible es que la inacción administrativa se convierta en un obstáculo para los jóvenes que quieren incorporarse en el campo”, indica.
“El malestar de los jóvenes afectados es total porque a pesar de los reiterados anuncios por parte de Conselleria, lo cierto es que sigue sin publicarse la Resolución y crece el enfado ante la ineficacia de la Generalitat para resolver esta situación”, concluye la organización.
