El reglamento de Costas de la Generalitat centra el nuevo conflicto entre el Consell y el Gobierno central. La Generalitat ha presentado objeciones al anteproyecto estatal con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y un equilibrio entre la protección del litoral y el desarrollo económico.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha criticado que el Ministerio “sigue empeñado en cambiar el reglamento y no acepta modificar la ley”, una reclamación que comparten varias comunidades autónomas.
La Generalitat presenta alegaciones al reglamento de Costas
El Consell defiende que cualquier cambio debe realizarse a través de una reforma de la Ley de Costas estatal, y no únicamente mediante un reglamento.
Según explicó Marc García Manzana, el anteproyecto introduce modificaciones que no respetan la jerarquía normativa.
Críticas al cálculo del dominio público
Uno de los principales puntos de discrepancia es el criterio para fijar el límite del dominio público marítimo-terrestre.
El Ministerio propone basarlo en un único temporal, mientras que la Generalitat defiende utilizar registros de varios episodios extremos a lo largo de los años.
Desde el Consell consideran que tomar como referencia un solo fenómeno excepcional puede generar inseguridad jurídica y ampliar de forma desproporcionada el dominio público.
Propuestas técnicas para el litoral
La Generalitat plantea que el cálculo del impacto de los temporales se base en datos objetivos como registros de boyas, satélites o información oceanográfica.
Además, insiste en la necesidad de una gestión integral del litoral basada en criterios técnicos y en la cooperación entre administraciones.
Gestión de sedimentos y concesiones
Entre las alegaciones también se incluye la necesidad de mejorar la gestión de sedimentos para frenar la regresión costera.
El Consell propone aprovechar materiales retenidos en embalses y reforzar la participación del Estado en los planes hidrológicos.
En materia de concesiones, la Generalitat solicita criterios más claros y advierte de posibles efectos retroactivos que afectarían a derechos ya adquiridos.
Asimismo, plantea adaptar la normativa a las características de cada tramo de costa y reforzar la coordinación institucional mediante órganos específicos de cooperación.
