El pleno provincial ha dado luz verde a la propuesta del equipo de gobierno liderado por Toni Pérez para reclamar al Ejecutivo central la suspensión de las reglas fiscales ante el impacto económico del conflicto de Irán.
La moción ha contado con el respaldo de PP, Vox y Compromís, mientras que el PSOE ha sido el único grupo que ha votado en contra, desmarcándose del consenso mayoritario de la corporación.
Uso de remanentes para aliviar la crisis
La iniciativa plantea permitir a ayuntamientos y a la propia Diputación utilizar sus remanentes de tesorería —cifrados en más de 1.000 millones de euros en la provincia— para impulsar inversiones y hacer frente a la actual situación económica.
Desde el equipo de gobierno se defiende que esta medida permitiría reforzar servicios públicos, ayudas sociales y el apoyo al tejido económico local.
Críticas socialistas a la gestión
El Grupo Socialista ha justificado su rechazo asegurando que la propuesta responde a una falta de gestión del actual gobierno provincial.
Desde el PSOE se ha criticado la “falta de planificación” y de ejecución presupuestaria, calificando la moción como una excusa política.
Respaldo del resto de grupos
Por el contrario, Vox y Compromís han apoyado la iniciativa, alineándose con el Partido Popular en la necesidad de flexibilizar las reglas fiscales en un contexto de incertidumbre económica.
La vicepresidenta primera, Ana Serna, ha defendido que permitir el uso de los ahorros facilitaría incrementar la inversión municipal, como ya ocurrió durante la suspensión de las reglas fiscales en la pandemia.
Aprobado el Plan +Cerca 2026
En la misma sesión, el pleno ha aprobado por unanimidad el Plan +Cerca 2026, que destinará 8,8 millones de euros a los municipios de la provincia.
Este programa busca reforzar la liquidez de las entidades locales, especialmente de cara al periodo estival.
Otras inversiones y medidas
Además, la Diputación ha dado luz verde a diversas líneas de ayudas en materia de infraestructuras hidráulicas, carreteras y movilidad, con inversiones que superan los seis millones de euros.
También se ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el Bono Comercio, aunque sin acuerdo total sobre las comparecencias solicitadas por los socialistas.
Un pleno marcado por el desacuerdo político
La sesión ha evidenciado el enfrentamiento político entre el equipo de gobierno y el Grupo Socialista, que ha quedado aislado en una de las votaciones clave del pleno.
Mientras el resto de grupos ha defendido la necesidad de dotar de mayor liquidez a los ayuntamientos, el PSOE ha mantenido su rechazo a la propuesta.
