El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado la necesidad de que las comunidades autónomas con litoral “hagan un frente común a la nueva normativa estatal y asuman el liderazgo en la defensa de nuestras costas” para redactar una nueva ley que supere la política de deslindes.
Durante su intervención, el vicepresidente ha señalado que en este encuentro “el Consell refuerza alianzas y da un paso más hacia propuestas concretas, consolidando un diálogo institucional”, y ha explicado que la cumbre da continuidad al trabajo iniciado en julio de 2025, cuando los directores generales que representaban el 80 % del litoral español firmaron en València un primer manifiesto “por una gestión más eficiente, integrada y resiliente”, así como en la I Cumbre Nacional del Litoral celebrada en Galicia el pasado año.
Las autonomías presentes en la cumbre han pactado un manifiesto que exige una nueva ley de costas, rechazar los reglamentos que impulsa el Gobierno y la petición de una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de la ministra Sara Aagesen.
Asimismo, se creará un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva Ley de Costas “con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular”, ha indicado el vicepresidente.
“Estamos decididos en cambiar la ley de costas, necesitamos un nuevo marco normativo más actual, más real, la ley del 88 ya no cubre las necesidades que tiene nuestra costa y tampoco estamos de acuerdo con que la innovación legislativa tenga que ser un reglamento que intenta saltarse la parte que debería cubrir una nueva ley y, especialmente, si va con la misma filosofía que ya se intentó en el año 2018” ha asegurado.
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En este sentido, ha defendido que, 38 años después de la aprobación de la Ley 22/1988, de Costas, es necesario hacer balance.
“No se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda”, ha señalado.
Según ha expuesto, la regresión avanza en muchos tramos, los deslindes generan inseguridad jurídica y el mapa competencial ha cambiado radicalmente desde 1988, hasta el punto de que ocho de las diez comunidades con litoral tienen o han solicitado la transferencia de competencias.
Por ello, la propuesta pasa por una nueva ley nacional que reordene las competencias, limitando la acción del Estado en materias como los deslindes y obras de interés general, y avanzando hacia una gestión principalmente autonómica; que aporte seguridad jurídica; que regule con criterios objetivos las concesiones y reconozca las concesiones compensatorias como derechos indemnizatorios; que proteja los núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural e incorpore una gestión integral de los sedimentos. “No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección. Más eficaz. Más cercana. Más adaptada”, ha remarcado.
Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana
Asimismo, Martínez Mus ha puesto en valor la experiencia de la Comunitat Valenciana, que ya cuenta con su propia Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, una norma que establece principios claros, instrumentos de ordenación, clasificación de playas según su grado de urbanización y tres grandes áreas de gestión: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística, y reordenación. “No es una ley contra nadie. Es una ley a favor del equilibrio, de la seguridad jurídica y de quienes viven en la costa y de quienes la visitan”, ha agregado.
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El vicepresidente también ha advertido de que en la Comunitat Valenciana hay en torno a 60 kilómetros de deslindes en marcha, muchos de ellos impugnados.
Además, ha exigido la ejecución de las estrategias de protección de la costa planificadas en 2015 en ámbitos como el sur de Castellón, el sur de Valencia, Andalucía, Baleares o el Maresme, ya que “no puede haber planificación sobre el papel y abandono sobre el terreno”.
Finalmente, ha insistido en que la cooperación entre comunidades es una necesidad estratégica. “Hoy no estamos aquí para confrontar, sino para coordinar. Para fijar una posición común sobre aspectos que no deberían modificarse en el nuevo Reglamento General de Costas. Para intercambiar recursos técnicos y jurídicos y para defender conjuntamente nuestras competencias”, ha concluido, defendiendo que la diversidad del litoral español debe reflejarse en la norma y que proteger la costa es también proteger el futuro de las comunidades que viven en ella.
