La Unió Llauradora i Ramadera ha rechazado con firmeza el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea de activar la aplicación provisional del Acuerdo UE–Mercosur y ha pedido abiertamente su dimisión. La organización considera que se trata de una decisión precipitada, políticamente inaceptable y claramente perjudicial para el sector agrario europeo.
“El sector agrario no puede seguir siendo la variable despreciable de la política comercial europea”, señalan desde LA UNIÓ, que advierte de que el acuerdo obligará a agricultores y ganaderos a competir con producciones que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales exigidos en la Unión Europea.
Una cláusula de salvaguarda sin garantías reales
LA UNIÓ denuncia que la supuesta cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión no figura en el texto del acuerdo y, por tanto, no ofrece una protección automática ni efectiva al sector. A su juicio, se trata de un mecanismo tardío y discrecional que solo actúa cuando el daño ya está hecho y los productores han sufrido pérdidas económicas.
La organización agraria subraya además que no se puede confiar en instrumentos que dependen de decisiones discrecionales de la propia Comisión, especialmente a la vista de cómo está actuando en este proceso.
Riesgos para la seguridad alimentaria y falta de controles
La Unió Llauradora considera especialmente grave que se impulse la aplicación provisional del acuerdo cuando la propia Comisión ha constatado recientemente deficiencias en los controles de Brasil. Según recuerda la organización, no se puede certificar plenamente que no se exporta carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas en la UE.
“Acelerar la apertura comercial en este contexto es una irresponsabilidad. La seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia”, advierten desde LA UNIÓ.
Críticas al procedimiento y al debilitamiento del control democrático
Desde el plano institucional, LA UNIÓ acusa a la Comisión Europea de forzar los procedimientos y vaciar de contenido el debate democrático. “La aplicación provisional no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados”, sostienen, alertando de que se reduce el margen de actuación de los parlamentos nacionales en una decisión de enorme trascendencia económica y política.
Movilizaciones y presión política contra el acuerdo
La organización recuerda que en los últimos meses ha protagonizado diversas movilizaciones contra el acuerdo y su eventual aplicación provisional. Asimismo, ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios en el Congreso y en Les Corts, ha promovido iniciativas institucionales y ha remitido cartas formales a la Comisión Europea, a los eurodiputados españoles y al presidente del Gobierno trasladando su rechazo fundamentado.
En este contexto, LA UNIÓ exige que tanto el PSOE como el Partido Popular dejen de respaldar una vía que, a su juicio, compromete gravemente al sector agrario español y se sumen a un frente político común en defensa de agricultores y ganaderos.
