La Unió Llauradora i Ramadera alerta de la falta de personal en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de la Conselleria de Agricultura, una preocupación creciente y reiterada que están trasladando tanto los agricultores y ganaderos que acuden como los propios profesionales que desarrollan su tarea en estas.
En los últimos años, y de manera acentuada en el actual contexto de incremento de carga administrativa, complejidad normativa y exigencias técnicas crecientes sobre las explotaciones agrarias y ganaderas, se constata un déficit evidente de personal especializado en numerosas OCA.
Esta carencia incide directamente en la calidad del servicio público prestado al sector, generando retrasos, limitaciones en la atención personalizada y dificultades objetivas para dar respuesta adecuada a las necesidades reales de las explotaciones.
Es el caso, por ejemplo, de las ayudas al establecimiento de personas jóvenes agricultoras y nuevos agricultores de 2025. El apartado noveno de la convocatoria fija un plazo máximo de seis meses para resolver, computado desde la publicación del extracto en el DOGV el 7 de julio de 2025, por lo que el plazo legal finalizó a comienzos de enero de 2026 sin que se haya notificado resolución alguna ni informado oficialmente sobre el estado de los expedientes.
Este retraso tiene efectos directos sobre la PAC 2026.
La Orden 9/2025 exige acreditar el establecimiento -incluida la inscripción en REA, REGA o SIEX y la asunción de la titularidad- para poder acceder al primer pago, mientras que la Resolución de 27 de enero de 2026 fija el plazo de Solicitud Única entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Sin resolución ni medidas transitorias, muchas personas jóvenes y nuevos agricultores pueden verse impedidos para cumplir en plazo los requisitos de la PAC, poniendo en riesgo tanto sus ayudas, la cesión de derechos, arrendamientos y, por tanto, la eficacia de la política de relevo generacional.
Hay que señalar que las Oficinas Comarcales Agrarias constituyen un elemento vertebrador esencial de la administración agraria valenciana.
A través de estas oficinas se canalizan funciones clave como la tramitación y gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), el asesoramiento técnico directo a personas agricultoras y ganaderas, el seguimiento de la condicionalidad y los eco-regímenes, la sanidad vegetal y animal, así como la información y aplicación de normativa sectorial. La falta de personal cualificado en estas oficinas no solo afecta la eficiencia administrativa, sino que tiene consecuencias directas sobre la correcta ejecución de las políticas públicas agrarias.
La situación de colapso en las OCA presenta, además, un carácter claramente estructural en determinadas comarcas, donde se detecta una acumulación de vacantes durante periodos prolongados de tiempos, sin una cobertura efectiva ni refuerzos estables.
Este hecho genera una sobrecarga sostenida del personal existente, una pérdida progresiva de capacidad técnica y de conocimiento territorial, y una dificultad creciente para garantizar un servicio homogéneo y de calidad en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
Con el fin de poder analizar con rigor esta realidad, identificar déficits reales y objetivables, y trabajar desde LA UNIÓ en propuestas constructivas, viables y alineadas con el interés general del sector agrario valenciano, la organización ha demandado al conseller Miguel Barrachina información oficial, actualizada y desagregada por Oficina Comarcal Agraria.
En dicha información se solicita el número total de plazas autorizadas, diferenciadas por especialidad, cuerpo o categoría profesional; la titulación exigida y requisitos específicos asociados a cada tipo de plaza, así como las funciones técnicas asignadas; el número de plazas actualmente cubiertas y número de plazas vacantes en cada oficina, así como la antigüedad aproximada de las plazas vacantes, con el objetivo de identificar déficits persistentes o estructurales de cobertura.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ considera que “esta información resulta imprescindible para poder dimensionar adecuadamente el problema, valorar su impacto real sobre la gestión de la PAC, la sanidad vegetal y animal y la atención directa al sector, y plantear, desde nuestra organización, propuestas responsables y técnicamente fundamentadas que contribuyan a reforzar el papel de las OCA y a mejorar la atención a los agricultores y ganaderos”
