El PP valenciano denuncia una deuda de más de 4.000 millones del Gobierno con la dependencia y asume el 80% de los gastos en dependencia
La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmado que la lista de espera del sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana se ha reducido un 27 % desde que el gobierno del Botànic dejó el Consell. Según ha explicado, esta mejora se ha producido a pesar del crecimiento sostenido de la demanda de atención por parte de personas en situación de dependencia.
Reproche al Gobierno por la financiación del sistema
Bastidas ha señalado que el Ejecutivo central mantiene una deuda superior a los 4.000 millones de euros con la Generalitat en materia de dependencia y ha criticado que no se cumpla el compromiso legal de cofinanciar el sistema al 50 %. En este sentido, ha asegurado que la Generalitat está asumiendo alrededor del 80 % del coste total del sistema de atención.
Más resoluciones y más personas con derechos reconocidos
Desde el PPCV subrayan que las resoluciones administrativas se han incrementado de forma notable. En el primer cuatrimestre de 2025, las resoluciones crecieron un 85 % respecto al cierre de 2024. Además, en la actualidad cerca de 190.000 personas tienen reconocido el derecho a la dependencia en la Comunitat Valenciana, lo que supone 40.000 más que hace dos años, un aumento del 30 %.
Retrasos vinculados a las valoraciones municipales
La portavoz popular ha indicado que parte de los retrasos en la tramitación de expedientes se debe a que las valoraciones sociales previas corresponden a los ayuntamientos. Según ha señalado, estas demoras condicionan la posterior resolución que emite la Generalitat, aunque ha insistido en que, pese a estas dificultades, se ha logrado reducir de forma significativa el número de personas en espera.
Inversión récord pese a la infrafinanciación
Bastidas ha defendido el esfuerzo presupuestario realizado por la Generalitat, recordando que en 2024 la inversión en dependencia alcanzó los 1.107 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este incremento supone 284 millones más en dos años, un 35 % de aumento, asumido en su mayor parte por la administración autonómica ante la menor aportación estatal.
