La Unió Llauradora ha solicitado al Gobierno de España que reclame ante el Consejo y Comisión Europea, en el caso de que se apruebe el acuerdo UE-Mercosur, un contingente anual de cítricos en fresco de esos países de 239.000 toneladas y de 499.000 de cítricos para industria, así como un arancel corrector del 15% en el caso de superar esos volúmenes. No obstante, la organización reitera su rechazo frontal al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y advierte que su posible aplicación provisional, mientras está pendiente el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, sería letal aún con medidas correctoras para el sector citrícola europeo y valenciano.
El acuerdo UE–Mercosur reconoce la existencia de productos sensibles y establece para algunos de ellos contingentes arancelarios y mecanismos de protección (arroz, miel, vacuno, aviar).
Sin embargo, los cítricos, pese a ser un sector claramente sensible y estratégico para varias regiones productoras europeas, no cuentan con ningún contingente específico, lo que supone una incoherencia interna del propio acuerdo. Esta carencia resulta especialmente grave en el contexto actual, marcado por la solicitud de dictamen al TJUE por parte del Parlamento Europeo, el debate sobre una posible aplicación provisional del acuerdo y la acumulación de efectos de otros acuerdos comerciales ya en vigor.
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Todo ello refuerza la necesidad de oponerse al acuerdo, tal y como propugna LA UNIÓ, y no de acelerar su entrada en vigor como pretende el Gobierno español y la presidencia de la Comisión Europea.
Las importaciones medias de cítricos en fresco procedentes de países del Mercosur se sitúan en torno a 239.000 toneladas anuales, a las que debe añadirse el efecto acumulativo de otros acuerdos comerciales, especialmente el de Asociación Económica entre la UE y los Estados del África Meridional, sobre todo de Sudáfrica, cuyas importaciones medias en la UE alcanzan aproximadamente 794.500 toneladas anuales entre 2020 y 2024, y 954.490 toneladas entre enero y octubre de 2025. El mercado europeo no puede absorber indefinidamente estos volúmenes sin provocar perturbaciones graves, especialmente cuando las importaciones coinciden con los primeros meses de la campaña europea (septiembre–noviembre).
Si se aplicara a los cítricos en fresco un tratamiento similar al otorgado a otros productos sensibles, sería imprescindible, como mínimo, ese contingente anual equivalente a las importaciones medias actuales (239.000 t), así como la aplicación de un arancel corrector del 15% una vez superado dicho volumen y un mecanismo mensual de protección en los meses más sensibles. “El hecho de que ni siquiera estas medidas básicas estén contempladas en el acuerdo pone de relieve hasta qué punto el sector citrícola ha sido sacrificado como moneda de cambio”, señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
En el caso de los cítricos transformados, la situación es peor.
El bloque Mercosur, y en particular Brasil, domina estructuralmente el mercado europeo del zumo, con importaciones medias cercanas a las 900.000 toneladas anuales, alcanzando en algunos ejercicios, como 2023, más de 1.050.000 toneladas. El 70% del zumo de naranja que se consume en todo el mundo procede de Brasil. Este producto no está considerado sensible en el acuerdo, pese a que la industria transformadora europea absorbe aproximadamente el 20% de la producción citrícola, actúa como mecanismo esencial de regulación de la oferta en fresco y sostiene empleo y actividad económica en zonas productoras.
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Cada año se retiran en España del mercado en fresco para zumo entre 650.000 y 850.000 t.
La liberalización adicional de este mercado desestabilizaría gravemente esa función reguladora del mercado en fresco y valorizadora de la cosecha, evidenciando nuevamente que el acuerdo no respeta el equilibrio del mercado ni los objetivos de la PAC.
Uno de los déficits más graves de la política comercial europea es la falta de una evaluación del impacto acumulativo de los acuerdos. El sector citrícola europeo se enfrenta simultáneamente al acuerdo UE–SADC (Sudáfrica), acuerdo UE–Egipto y ahora el acuerdo UE–Mercosur. Analizar cada acuerdo de forma aislada oculta el impacto real sobre los precios, renta agraria y viabilidad de las explotaciones, y refuerza la necesidad de oponerse al acuerdo UE–Mercosur.
Peris cree que “el Gobierno de España debe utilizar todos estos argumentos técnicos y jurídicos para oponerse al acuerdo y rechazar cualquier intento de aplicación provisional del acuerdo, especialmente mientras esté pendiente el dictamen del TJUE, a la vez que habría de intentar un frente común con otros Estados miembros productores que comparten estas preocupaciones”. “Este acuerdo, tal y como está concebido, no es compatible con la defensa del sector citrícola europeo, ni con el mantenimiento de una agricultura viable, equilibrada y socialmente sostenible. El hecho de que sea necesario plantear medidas correctoras de gran calado demuestra que el problema no es técnico, sino estructural”, concluye el secretario general de LA UNIÓ.
