Las diputadas del Grupo Popular (GPP) en la comisión de Política Social de Les Corts, Lucía Peral y Marisa Gayo, han afirmado que las instalaciones del CAMP Santa Faz de Alicante “no registran ningún problema de salubridad”.
Imágenes antiguas y controles periódicos
Marisa Gayo ha señalado que “las imágenes difundidas por Compromís son antiguas y no se corresponden con la situación actual del centro ni reflejan la realidad de las instalaciones”.
Según ha explicado, no existe ningún problema de salubridad en el centro, sino situaciones puntuales derivadas de su ubicación en una zona agreste, algo habitual en este tipo de entornos. En cualquier caso, ha indicado que el centro cuenta con controles de plagas periódicos y que desde la Conselleria se ha anunciado la realización de una fumigación especial.
Inversión de la Generalitat en la mejora del CAMP Santa Faz
La diputada alicantina ha recordado que la Generalitat ha invertido más de 1,4 millones de euros en las obras de reparación del edificio, que presentaba patologías graves.
“Desde la Generalitat se actúa y se toman medidas para que todas las instalaciones estén en condiciones adecuadas de uso y seguridad”, ha señalado Gayo, quien ha criticado que “mientras la Generalitat trabaja en mejorar los servicios sociales, otros solo critican, manipulan y mienten con fines partidistas”.
Asimismo, ha recordado que quienes ahora denuncian la situación permanecieron “callados durante los ocho años del Gobierno del Botànic pese al deterioro progresivo de los servicios sociales”.
Situación laboral de los trabajadores
En relación con los trabajadores del centro, Gayo ha explicado que las incidencias puntuales que provocaron retrasos en el abono de determinadas nóminas y complementos retributivos ya han sido resueltas.
Estas demoras, ha indicado, respondían a cuestiones administrativas y la práctica totalidad de las incidencias detectadas ya están solucionadas, con todos los importes pendientes reconocidos y pendientes de abono.
La infrafinanciación, el problema de fondo
Por último, la diputada popular ha señalado que el problema real se deriva de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, especialmente en el ámbito de los servicios sociales.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España adeuda a la Comunitat Valenciana 4.000 millones de euros en materia de dependencia, un coste que actualmente asume en un 80% la Generalitat, cuando la ley establece una financiación compartida al 50% entre ambas administraciones.
