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La evolución del censo electoral refleja el impacto de las políticas migratorias y de nacionalidad desde la llegada de Sánchez a La Moncloa
El aumento de las nacionalizaciones en España desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018 ha ampliado de forma significativa el número de ciudadanos con derecho a voto en las elecciones generales. En este periodo, alrededor de 1,4 millones de personas extranjeras han adquirido la nacionalidad española, lo que les habilita para participar en los comicios nacionales y autonómicos.
La evolución de las cifras muestra una aceleración progresiva. En 2018 se concedieron 90.774 nacionalidades, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 181.581 y en 2024 alcanzó las 252.476. De mantenerse este ritmo, las elecciones generales previstas para 2027 podrían celebrarse con cerca de un millón más de votantes que las de 2023.
A este incremento se suma el reciente real decreto aprobado por el Gobierno y Podemos para regularizar a inmigrantes ilegales. Más de medio millón de personas extranjeras podrán acogerse a este proceso, que constituye el paso previo para acceder a la residencia legal y, posteriormente, a la nacionalidad española. Aunque, las previsiones del Ejecutivo podrían quedarse por debajo de la realidad. Según estimaciones del centro de análisis Funcas, unas 840.000 personas viven actualmente en España en situación irregular.
La norma establece como requisitos mínimos haber residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. También contempla la reagrupación familiar, lo que amplía el alcance del proceso.
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Aunque este colectivo no podría participar en las elecciones generales de 2027, sí iniciaría el proceso hacia la residencia legal y, en determinados casos, hacia la nacionalidad en plazos reducidos.
Una vez obtenida la residencia legal, la legislación española permite solicitar la nacionalidad tras diez años de residencia continuada. Este plazo se reduce a dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y personas de origen sefardí, y a cinco años para quienes tengan la condición de refugiado. En el caso de las personas nacidas en España, el plazo exigido es de un año.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que estas medidas tendrán efectos directos en el censo electoral a medio y largo plazo. El dirigente popular ha señalado que la regularización masiva, aprobada mediante real decreto y sin tramitación parlamentaria, modificará la base de electores en futuros procesos electorales.
