La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes ampliar hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo de solicitud de los beneficios fiscales contemplados en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Para ello, se someterá a votación en el próximo Pleno del 27 de enero la modificación de la ordenanza fiscal.
La concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha señalado que “se trata de una nueva tasa que desde el gobierno municipal rechazamos, pero que nos hemos visto obligados a establecer por imposición del Gobierno de España, que con su ley de residuos impone a todos los ayuntamientos una nueva tasa: el ‘basurazo’ de Sánchez”.
“Al configurar la tasa como específica, diferenciada y no deficitaria, obliga a los Ayuntamientos repercutir a los ciudadanos todos los costes del servicio de recogida y transporte de la basura, restringiendo como consecuencia el alcance de los beneficios fiscales”, ha añadido.
La también primera tenienta de Alcaldía ha afirmado que “la situación sería bien diferente si la izquierda hubiese aceptado las enmiendas del Partido Popular que instaban a la supresión de totalidad de esta tasa o, al menos, la eliminación del carácter ‘específico, diferenciado y no deficitario’, así como la ampliación a cinco años del plazo para su implantación, en lugar de tres que ha impuesto el ‘basurazo’ exprés de Sánchez”.
Ferrer San Segundo ha declarado que “con las propuestas del Partido Popular los ayuntamientos podrían asumir al menos parte del coste del servicio y extender las bonificaciones en esta tasa”, cuyas tarifas en el Ayuntamiento de València, como ha remarcado, “han sido determinadas por los técnicos municipales atendiendo al consumo de agua potable, ya que, ante la absoluta falta de criterios por parte de la ley estatal, se considera el mejor indicador indirecto de la generación de residuos, estando además coordinado con el mismo criterio que emplea la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos”.
La concejala también ha indicado que se prevé un total de 440.510 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades. En el caso de las viviendas y comunidades de propietarios, se estima que el 47,3 % (189.594 de las 400.594) la cuota será de 39,14 €/año. Además, considerando todos los tramos de tarifas contemplados en la ordenanza en función del consumo de agua, el recibo medio domiciliario ascenderá a 90,59 euros y el recibo medio de las actividades económicas a 243,02 euros.
En este contexto, “con la ampliación hasta el 31 de mayo de 2026 del plazo de solicitud de los supuestos de no sujeción y beneficios fiscales recogidos en la ordenanza, posibilitamos que los vecinos y comerciantes de Valencia tengan la ocasión de pagar menos por el ‘basurazo’ de Sánchez”, ha relatado la responsable municipal de Hacienda.
De este modo, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento la modificación de la ordenanza, quedará ampliado hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para solicitar los siguientes beneficios fiscales para la tasa correspondiente al año 2025 y servirá también para la del 2026 (pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones):
- Reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios).
- Reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (unidad familiar cuyos ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas).
- Bonificación de 10 € a usuarios que utilicen ecoparques al menos una vez al año.
- Bonificación de 50 € a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”.
- Bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales).
- No sujeción de actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es ante el Ayuntamiento.
“Con esta medida, seguimos aliviando fiscalmente a los vecinos y comercios por el ‘basurazo’, continuando la senda iniciada desde el primer año de mandato, en el que cumplimos nuestro compromiso electoral y aprobamos la mayor bajada de impuestos y tasas de la historia de este Ayuntamiento. Una rebaja fiscal que venimos aplicando desde el 2024 y que ha supuesto la reducción del 20% del tipo general del IBI de naturaleza urbana, la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a 4.000 familias numerosas, o la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte y entre vivos en cuanto a inmuebles en que se desarrollen actividades económicas, entre familiares directos. Se puede gestionar no asfixiando y gobernar aliviando”, ha concluido María José Ferrer San Segundo.
