La Generalitat ha desbloqueado cerca de 8.000 expedientes de autorización administrativa previa y de construcción de instalaciones de distribución eléctrica en la provincia de Valencia, correspondientes a solicitudes acumuladas desde el 1 de enero de 2020.
Como ha señalado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, la medida “permitirá agilizar el acceso al suministro eléctrico de nuevas viviendas y proyectos empresariales, especialmente de carácter industrial, logístico y residencial”.
Ha añadido que “dará una respuesta urgente a la acumulación de expedientes que estaba condicionando el desarrollo de proyectos estratégicos y el acceso a un servicio básico como es la vivienda, una prioridad para la Generalitat”.
Esta actuación se enmarca en la estrategia de simplificación administrativa impulsado por el Consell y responde a la situación generada por el elevado volumen de expedientes pendientes de resolución acumulados en las últimas legislaturas, que estaba provocando retrasos en el acceso a un servicio considerado esencial como el suministro eléctrico.
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En este sentido, Martínez Mus ha avanzado que se trabaja en más medidas en el marco del proceso de simplificación administrativa.
Para abordar esta cuestión, el vicepresidente se ha reunido con distintas organizaciones representativas del sector y la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Galindo, y el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles. Entre ellas, destaca ASELEC, que agrupa a más de 900 empresas de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y energías renovables; la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y de Telecomunicaciones de Alicante, cofundadora de FENÍE ENERGÍA, la comercializadora de energía de los instaladores; AIECS, la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos y Actividades Similares de Castellón; así como con la Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa.
Autorización de expedientes
La acumulación de estos trámites había provocado retrasos significativos en la conexión al suministro eléctrico, un servicio esencial, lo que estaba dificultando el desarrollo de proyectos industriales, logísticos y residenciales y frenando la inversión y la creación de empleo. Ante esta situación, la Generalitat ha optado por una medida excepcional que permite agrupar y resolver de manera conjunta estos expedientes, en lugar de tramitarlos uno a uno.
Martínez Mus ha explicado que estas autorizaciones afectan a líneas de alta tensión, centros de transformación y modificaciones de instalaciones existentes, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente. La resolución, que recoge el DOGV, concede un plazo de 24 meses para la ejecución de las instalaciones, conforme a lo previsto en el Decreto 88/2005. Por último, el vicepresidente ha destacado que la simplificación administrativa “es una herramienta clave para agilizar procedimientos, favorecer la competitividad empresarial y mejorar el bienestar de la ciudadanía”.
