La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) se ha reunido este miércoles con el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, para trasladar de nuevo la preocupación creciente en torno al acceso a la vivienda. La entidad ha reiterado que continúa el “apagón” informativo respecto a las viviendas turísticas que se están autorizando en la ciudad. Durante el encuentro, Giner se comprometió a publicar los datos en el próximo trimestre.
Demandas vecinales sobre incompatibilidad normativa
La Federación ha insistido en que la nueva normativa municipal debe reflejar de forma explícita la incompatibilidad entre viviendas de uso residencial y alojamientos turísticos. También ha reclamado la recuperación de la oficina municipal por el derecho a la vivienda y ha solicitado que en los inmuebles donde el Ayuntamiento posee la mayoría de la propiedad se modifiquen los estatutos para prohibir el alojamiento turístico, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal.
Compromisos sobre edificios con propiedad municipal
Tras presentar la campaña “Que tu vecino/a no pierda el nombre”, el concejal felicitó la iniciativa y aseguró que aplicará de manera inmediata la prohibición de apartamentos turísticos en aquellos edificios donde el Ayuntamiento es propietario principal.
Preocupación por el cierre de la oficina de atención a personas vulnerables
La Federación ha mostrado inquietud tras conocer que el Gobierno municipal ha prescindido de la oficina municipal por el derecho a la vivienda, un recurso indispensable para asistir a personas amenazadas de perder su hogar. Su presidenta, María José Broseta, ha reivindicado su recuperación y ha criticado que se cierre un servicio esencial mientras se impulsa otro centrado en la okupación, generando alarma social innecesaria.
Petición de avances en la regulación urbanística
Durante la reunión también se solicitó información sobre la modificación del PGOU relativa al uso terciario hotelero y la regulación de las viviendas turísticas. Las asociaciones vecinales han recordado que en sus alegaciones reclamaron que los usos residenciales sean incompatibles con los arrendamientos temporales como actividad económica, cuestión sobre la que el Ayuntamiento aún no ha aportado una definición definitiva.
Reclamación de datos públicos sobre autorizaciones y sanciones
La Federación ha insistido en conocer, conforme a la ley de transparencia, “cuántas y cuáles” son las viviendas y locales con autorización municipal para operar como alojamiento turístico. Broseta ha alertado del “apagón” informativo y ha exigido datos sobre las sanciones impuestas a quienes ejercen esta actividad sin licencia. Aunque todavía no se han facilitado cifras, el Ayuntamiento ha prometido hacerlas públicas en el próximo trimestre.
