La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera “inaceptable” la decisión del Gobierno de no activar las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. La organización agraria exige el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que establecía un fondo de 370 millones de euros -285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano- destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.
- La disposición adicional cuarta de la Ley 1/2025 obligaba al Ejecutivo a aprobar en un máximo de dos meses desde su aprobación una ayuda de concesión directa, integrada en el sistema de la PAC, dirigida a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y superficies de olivar y viñedo de secano.
Sin embargo, más de medio año después, las ayudas no han visto la luz. Y ahora en una respuesta parlamentaria conocida ayer, el Gobierno afirma que “no es posible allegar los recursos necesarios”, admitiendo que los Presupuestos de 2023 no contemplaban esta partida y que, al estar prorrogados, no puede activarse. Desde AVA-ASAJA se subraya que “no puede dejarse sin cumplir una ley” diseñada precisamente para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables, y se advierte de que “el olivar y el viñedo de secano no pueden convertirse en las víctimas colaterales de la falta de Presupuestos”.
Esta decisión injusta agrava la situación de miles de explotaciones. AVA-ASAJA recuerda que otros sectores -arroz, frutales, frutos secos, tomate de industria, herbáceos- sí han recibido ayudas extraordinarias por sequía o por el impacto de la guerra en Ucrania.
Inseguridad jurídica
La falta de aplicación de una ayuda que la propia ley establece como concesión directa, integrada en la PAC y sin necesidad de solicitud previa, “está generando una inseguridad jurídica insostenible para miles de agricultores profesionales, que tenían derecho a confiar en que la norma se cumpliría. Este retraso aboca a las explotaciones de secano a una incertidumbre absoluta, dificulta cualquier planificación -desde inversiones hasta podas, tratamientos o contratación de personal- y aumenta el riesgo real de abandono de explotaciones en zonas rurales especialmente vulnerables”.
AVA-ASAJA se suma a su organización nacional ASAJA y exige al Ministerio de Agricultura una solución inmediata y transparente, que incluya la activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025, la dotación presupuestaria necesaria para ejecutarla, claridad sobre beneficiarios y superficies, un calendario público de pagos y un trato igualitario respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias. “No se pueden dar excusas para incumplir una ley. El campo necesita certezas, no respuestas burocráticas; el olivar y el viñedo de secano son pilares de la economía rural y su abandono tendría consecuencias irreversibles”, advierte la organización.
