La Generalitat ha participado en Melilla en la XV Red Interautonómica de Participación Ciudadana, donde el director general de Transparencia y Participación, José Tárrega, ha presentado el proyecto de participación ‘Auditoría Ciudadana’, una iniciativa innovadora que busca incorporar la voz de la ciudadanía en la evaluación de políticas públicas.
Durante su intervención, Tárrega ha explicado que este proyecto se enmarca en la estrategia de gobierno abierto y responde al compromiso de la Generalitat “por reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de los servicios públicos”. Esta propuesta se basa en metodologías participativas que incluyen procesos deliberativos, diseño colectivo de indicadores y devolución de resultados a los agentes implicados.
El control ciudadano se ha aplicado como experiencia piloto en el ámbito cultural, con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, mediante talleres en Castellón, Valencia y Alicante. Estos espacios han permitido evaluar estratégicamente la acción museística, identificar áreas de mejora y crear indicadores que faciliten la medición del impacto de las políticas.
“La Auditoría Ciudadana es una herramienta para que la ciudadanía no solo opine, sino que participe activamente en la evaluación de las políticas públicas. Queremos que las decisiones se tomen con criterios compartidos y que los indicadores reflejen lo que realmente importa a la sociedad”, ha señalado José Tárrega.
“Este proyecto refuerza la confianza en las instituciones y abre la puerta a una administración más inclusiva, innovadora y cercana”, ha añadido el director general.
Tras la experiencia piloto, la Generalitat prevé extender la Auditoría Ciudadana a otros ámbitos de gestión pública, como políticas sociales y medioambientales, y consolidar así un modelo que permita evaluar el impacto real de las actuaciones y garantizar que las decisiones se alineen con las prioridades ciudadanas.
La Red Interautonómica de Participación Ciudadana (RIPA) reúne a responsables de transparencia y participación de las comunidades autónomas con el objetivo de compartir buenas prácticas y experiencias. En esta edición, celebrada los días 19 y 20 de noviembre en Melilla, se han abordado iniciativas como procesos deliberativos, evaluación normativa y foros ciudadanos.
