La Conselleria de Sanidad ha aprobado la concesión de ayudas a 21 municipios de la Comunitat Valenciana para que puedan llevar a cabo actuaciones de reforma y adecuación de los consultorios auxiliares de sus localidades.
De esta manera, tal y como publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se van a beneficiar de estas subvenciones diez municipios de la provincia de Castellón, nueve de Valencia y dos de Alicante.
Así, en la provincia de Castellón, Sanidad financiará obras de reforma y adecuación en consultorios auxiliares de los municipios de Les Useres, Llucena, Culla, Chovar, La Serratella, Castellfort, Torás, Alcalà de Xivert, Alcalà de Xivert- Alcossebre y la Vilavella.
Por su parte, en Valencia van a recibir ayudas los municipios de Venta del Moro, l’Énova, Almoines, Barx, Benimodo, Sollana, Ador, Godelleta y Albuixech. Además, en Alicante las ayudas van destinadas a los municipios de Benitachell y Beneixama.
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En concreto, el importe de las ayudas asciende a más de tres millones de euros para el próximo año. En total, cada municipio puede percibir una ayuda de 500.000 euros como máximo por proyecto y dicho importe va destinado, exclusivamente, a la ejecución de dicha obra en la instalación sanitaria.
Se trata de unas ayudas que forman parte de la estrategia de la Conselleria de Sanidad para mejorar las infraestructuras sanitarias con el fin de modernizarlas y adecuarlas para responder a las necesidades asistenciales reales de la población.
De hecho, a través de estas subvenciones, los municipios pueden llevar a cabo actuaciones arquitectónicas en aquellos centros de titularidad municipal destinados a la prestación sanitaria por parte de personal del Sistema Valenciano de Salud. Se entiende por actuaciones obras de reforma, reparación, restauración, rehabilitación, así como mantenimiento o conservación de las instalaciones.
Cada año, la Conselleria publica la convocatoria de estas ayudas para que los municipios que lo requieran puedan optar a ellas, y para acceder a las mismas han de cumplir una serie de criterios establecidos en las bases reguladoras como es el número de habitantes del municipio, el estado de la infraestructura, adecuación del número de consultas y profesionales, necesidad de adecuación a la normativa vigente o eficiencia energética, entre otros.
