La portavoz adjunta del Grupo Popular, Laura Chulià, se ha mostrado contundente ante las informaciones sobre el servicio de teleasistencia el día de la DANA. Ha subrayado que «es un servicio asistencial, son llamadas individualizadas que se hacen de manera ordinaria, porque cada persona tiene unas necesidades concretas”.
Crítica al uso del servicio
Chulià ha reiterado que “se trata de un servicio asistencial, no es un servicio meteorológico ni de emergencias».
Atención a los usuarios durante la DANA
La diputada popular ha recordado que en los municipios afectados por la riada «más de 17.000 personas son usuarios de teleasistencia». Ha asegurado que “se hicieron las llamadas habituales a los usuarios los días anteriores, el mismo día y los posteriores, en los que se efectuaron llamadas para recoger todas esas necesidades asistenciales que venían derivadas de la situación y de la catástrofe que vivimos».
Coordinación de necesidades
A través de ese contacto, «se pudieron gestionar y coordinar las necesidades en materia de asistencia médica, de coordinación de entrega de alimentos o de cualquier otro tipo de necesidad asistencial», ha insistido Chulià.
Falta de previsión meteorológica estatal
La portavoz adjunta del GPP ha lamentado que el 29 de octubre «no se dispuso de información por parte de ninguna de las agencias estatales, dependientes del Gobierno de Sánchez». Ha recordado que fueron «las dos horas más fatídicas en las que el barranco del Poyo pasó de ser un barranco prácticamente seco a un río con un caudal cuatro veces superior al Ebro».
Declaraciones en sede judicial
En este sentido, ha señalado que en sede judicial los responsables de dichas agencias «coincidieron en que nadie era capaz de prever la catástrofe, nadie era capaz de prever lo que finalmente llovió». Ha destacado además que «la alerta decía que iban a llover sobre los 180 litros en unas 12 horas y finalmente cayeron casi 800».
Críticas al PSPV
Por otro lado, Laura Chulià ha reclamado al PSPV «con qué legitimidad piden la dimisión de la vicepresidenta del Consell por un servicio asistencial que cumplió con su obligación y finalidad». En contraste, les reprochó que «no son capaces de exigírsela a su propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fallo, que sí que son responsables y estaban avisados en diversas ocasiones, de las pulseras a las mujeres maltratadas que han dejado totalmente desprotegidas».
