La Generalitat Valenciana ha criticado duramente el Plan de Actuación 2025 presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al que tacha de “poco transparente” y “falto de ambición” frente al riesgo estructural de inundaciones que afecta a todo el territorio, desde la Vega Baja hasta el Maestrazgo. Así lo han manifestado los consellers Miguel Barrachina y Vicente Martínez Mus durante la Junta de Gobierno del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Según la Generalitat, el plan ignora la necesidad de una estrategia integral de prevención y se limita a actuaciones menores, como la reparación de infraestructuras dañadas. Diez meses después de la dana de octubre de 2024, la CHJ reconoce por primera vez la urgencia de contar con un Sistema Automático de Transmisión (SAT), una herramienta clave para emergencias, pero que aún no ha sido implementada en los cauces de la Comunitat Valenciana.
Críticas por la falta de inversiones estatales
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado además que el plan omite competencias estatales como la limpieza de cauces, mejoras en depuradoras de Alicante o la construcción de presas esenciales para la seguridad ciudadana, como las de Vilamarxant y Montesa. Ha recordado que en noviembre de 2024 se presentó al Gobierno un plan autonómico valorado en 2.390 millones de euros, con una inversión anual de 500 millones, “sin recibir respuesta hasta la fecha”.
Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha criticado la baja ejecución de las inversiones previstas por la CHJ frente al riesgo de inundación. Según datos del propio organismo, en 2024 no se ha alcanzado ni el 2 % de ejecución y para este ejercicio solo se prevé gastar 1,5 millones de euros. “Una cifra claramente insuficiente para las necesidades actuales”, ha afirmado.
Ambos consellers han reclamado al Estado que ejecute las inversiones comprometidas y afronte obras de encauzamiento urgentes en zonas como el barranco del Poyo o el de la Saleta. También han exigido avances normativos inmediatos: aún no se ha presentado el borrador del nuevo Real Decreto sobre gestión del riesgo de inundaciones, ni se ha actualizado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), cuya revisión se pospone hasta final de año.
Inseguridad en los cauces
Además, la Generalitat denuncia la falta de concreción legal para recuperar el dominio público hidráulico, una medida que el plan señala como prioritaria, pero sin definir su aplicación. Esta indefinición genera inseguridad jurídica en tramos donde los cauces se han ensanchado o profundizado hasta un 30 % debido a la dana.
El Consell insiste en que los daños sufridos durante los temporales del pasado otoño requieren una respuesta urgente, clara y coordinada por parte del Estado, con una visión de conjunto que implique a todas las administraciones.
