La Generalitat ha iniciado negociaciones con diversas entidades financieras para obtener un crédito a corto plazo de 1.816 millones de euros, medida que busca asegurar el pago inmediato a proveedores de servicios públicos esenciales, como farmacias, en medio del retraso del Gobierno de España en la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Consell exige que dicha operación se autorice en el próximo Consejo de Ministros, ya que la falta de aprobación ha provocado problemas de liquidez que afectan a la Comunitat Valenciana.
Crisis de Tesorería y Deuda Extraordinaria
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, anunció en rueda de prensa, acompañada de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que la negociación se enmarca en una situación crítica para la administración autonómica. Según Merino, es la primera vez en doce años que el Gobierno central no autoriza este mecanismo, lo que impide el ingreso de los 1.900 millones de euros previstos en el primer desembolso de un fondo que alcanza en total 2.490 millones. Ante esta situación, se autoriza la suscripción de deuda al margen del FLA para hacer frente a los problemas de tesorería, garantizando el pago de servicios esenciales.
La portavoz del Consell señaló además que esta medida se enmarca dentro del compromiso de la Generalitat por optimizar el gasto público. Entre otras iniciativas, ya se han implementado planes de digitalización en la Justicia, impulsado el uso de medicamentos genéricos y biosimilares, establecido acuerdos marco para la compra de fármacos y creado un sistema común de control del absentismo en la Administración.
Reclamaciones y Perspectivas a Futuro
El pleno del Consell también remarcó la urgencia de que el Gobierno central responda a esta situación. La consellera de Hacienda enfatizó que la falta de aprobación del FLA extraordinario, sumada a un retraso acumulado de 900 millones de euros por la no actualización de entregas a cuenta, ha derivado en serios retrasos en el pago a proveedores. Merino advirtió que, sin una solución estructural y una reforma del sistema de financiación autonómica, la crisis de liquidez se mantendrá, afectando a servicios esenciales como farmacias, residencias y otros proveedores.
En caso de que el Ejecutivo de Sánchez autorice la operación en el Consejo de Ministros del próximo 15 de julio, se activará un procedimiento a través de un decreto ley para la generación de crédito extraordinario, que primero deberá ser aprobado por el Consell y posteriormente ratificado por Les Corts. La titular de Hacienda destacó la buena acogida de la propuesta por parte de las entidades financieras, interpretándola como una muestra de confianza en la Administración autonómica.
Adicionalmente, el Consell ha puesto en marcha un plan de control del gasto que prevé un ahorro de 192,8 millones de euros, sin que ello implique recortes en los servicios públicos, sino una optimización del uso de los recursos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
