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Las sentencias en contra por contratos fraudulentos, supusieron 150.000 euros a los torrentinos
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El PSOE de Torrent y el propio concejal implicado presidieron su propia comisión de investigación
Tras los ataques infundados y el acoso político al que está sometiendo el grupo municipal socialista al equipo de gobierno y, en particular, al Gabinete de Comunicación, el Grupo Municipal Popular ha querido recordar el llamado ‘Caso Becarios’ en que afectó al PSOE de Jesús Ros en el Ayuntamiento de Torrent, un episodio que reveló un fraude laboral continuado, sentencias condenatorias firmes y la gestión opaca de un gobierno municipal que ha costado a los torrentinos decenas de miles de euros.
136.681 euros de Seguridad Social pagados con dinero público y 7.000 euros en indemnizaciones
Todo comenzó cuando la Inspección de Trabajo concluyó en 2021 que tres personas contratadas como becarias en el Gabinete de Prensa municipal desempeñaban en realidad funciones propias de personal laboral, encadenando contratos de prácticas durante casi cuatro años (2016-2020).
Las becarias denunciaron al Ayuntamiento ante la Inspección, lo que derivó y tuvo las siguientes consecuencias: la primera, un acta de liquidación parcial que obligó al consistorio a abonar 136.681 euros en cuotas de Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. Este dinero salió directamente del bolsillo de los torrentinos como consecuencia de una práctica que encubría relaciones laborales estables bajo la apariencia de becas formativas.
Y la segunda la reclamación de cantidades al ayuntamiento, las tres beneficiarias, percibieron entre 800 y 900 euros al mes cuando, de haber sido contratadas como trabajadoras en categoría A2, deberían haber cobrado entre 2.500 y 2.650 euros mensuales. Las tres reclamaron cantidades cercanas a 75.000 euros cada una, más intereses, aunque finalmente, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento terminó abonando indemnizaciones parciales que sumaron casi 7.000 euros, destacando los 5.060 euros que recibió una de ellas. Las convocatorias públicas de estas becas se realizaron mediante convenios con universidades y entidades como Fundaciones, entre otras.
La gravedad de la situación no terminó con la condena judicial: la Inspección alertó de que el caso podría abrir la puerta a más reclamaciones de jóvenes en prácticas que se encuentren en circunstancias similares, poniendo de manifiesto un modelo sistemático de precarización laboral en el seno del Ayuntamiento.
El caso destapó un esquema basado en becas de larga duración que sustituían a puestos estructurales, reflejando una estrategia para evitar contrataciones estables y cotizaciones completas.
Comisión de investigación: presidida por el propio concejal de Personal del PSOE
En respuesta a la presión política, en 2021 se aprobó la creación de una comisión de investigación en el Pleno municipal por el PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, la gestión de dicha comisión desató aún más polémica: el PSOE, responsable del área investigada, presentó una enmienda a su propia propuesta y logró que su portavoz y concejal de Personal, Andrés Campos, asumiera la presidencia de la misma. Esta autoinvestidura se reconoció como un intento de desvirtuar la investigación, al situar al principal implicado al frente del órgano encargado de esclarecer los hechos, al recaer la presidencia, ya no en el grupo municipal señalado sino además en el propio concejal implicado y que debía ser investigado.
Además, el PSOE con la complicidad de Ciudadanos, redujo el tiempo de funcionamiento de la comisión de investigación de seis meses a un solo mes, buscando un cierre exprés para evitar responsabilidades políticas. Intentando de esta manera controlar el desarrollo.
La ciudadanía de Torrent, mientras tanto, fue la gran perjudicada: además del grave daño económico directo del erario público, quedaba un Ayuntamiento bajo la sospecha de malas prácticas laborales, gestión opaca y un desprecio absoluto por la dignidad de los trabajadores jóvenes que deberían haber recibido formación real y no haber sido utilizados como mano de obra barata.
El grupo municipal popular ha recordado también que la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Torrent con motivo del ‘Caso Uniformes’ de la Policía Local fue presidida por el propio alcalde Jesús Ros. Esta polémica se inició en 2015-2016, cuando el Ayuntamiento aprobó un contrato de aprovisionamiento de uniformes que no respetaba el Decreto 114/2005 de la Generalitat Valenciana. El Partido Popular denunció el proceso, argumentando irregularidades en la contratación, sobrecostes por más de 205.000 € respecto a alternativas más económicas (hasta un 200 % más baratas) y la falta de conformidad legal.
La mencionada comisión presidida por el propio alcalde emitió un dictamen atribuyendo: responsabilidad técnica al Jefe de Policía, por redactar mal el pliego de condiciones, sancionándole y también responsabilidad política al concejal de Seguridad Ciudadana, retirándole las competencias.
El PSOE no está legitimado para cuestionar ni dar lecciones de gestión
Resulta indignante que el PSOE pretenda dar lecciones de buena gestión cuando son ellos quienes han provocado, con sentencias firmes en contra, que el Ayuntamiento de Torrent haya tenido que pagar con dinero de todos los vecinos las consecuencias de su nefasta política de personal.
Con el ‘Caso Becarios’ como prueba irrefutable, queda en evidencia que el PSOE no solo no puede erigirse en ejemplo de nada, sino que su credibilidad en materia de transparencia y gestión responsable está completamente anulada por su historial de condenas y prácticas fraudulentas.
Cinismo e hipocresía como estrategia política
Es un acto de cinismo e hipocresía extremos, que quienes han sido condenados por vulnerar derechos laborales se atrevan a cuestionar el actual Gabinete de Comunicación o a impulsar comisiones de investigación para desviar la atención. El PSOE demuestra así que prefiere embarrar el debate público antes que asumir responsabilidades por el daño que su mala gestión ha ocasionado al bolsillo de los torrentinos y a la dignidad de los trabajadores jóvenes a los que utilizaron como mano de obra barata.
La ciudadanía de Torrent fue la principal perjudicada, con un coste económico directo y un Ayuntamiento señalado por malas prácticas laborales, opacidad en la gestión y desprecio hacia los jóvenes que debieron recibir formación en lugar de ser usados como mano de obra barata.
Lo más revelador de esta historia es que, tras el escándalo del ‘Caso Becarios’ y las sentencias en contra, fue el propio PSOE quien decidió licitar un concurso público de asistencia en comunicación para regularizar el funcionamiento del Gabinete de Comunicación municipal. Este procedimiento, impulsado bajo su mandato, es exactamente el mismo modelo de licitación que ha utilizado el actual gobierno, desmontando cualquier crítica socialista y evidenciando que sus ataques actuales son puro oportunismo político, carentes de coherencia y de respeto a los hechos.
