Los restaurantes ubicados en la zona norte de la Marina Real de València han alzado la voz contra el Ayuntamiento tras conocer que no se prorrogará su concesión municipal más allá del 4 de mayo. Los empresarios del sector alertan de que esta decisión podría dejar en la calle a más de 400 trabajadores, muchos de los cuales resultaron afectados por la DANA.
La Delegación de Patrimonio del consistorio no ha sacado aún a licitación el nuevo concurso público para adjudicar estos espacios de restauración, lo que, según los representantes legales de los empresarios, genera una situación de incertidumbre y perjuicio. “Se han cumplido todos los requisitos exigidos por el Consorcio Valencia 2007 y por el propio Ayuntamiento en las últimas prórrogas”, ha explicado el abogado Juan Chapapría, portavoz del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa a los restauradores.
Chapapría asegura que sus clientes firmaron dos prórrogas en temporada baja, depositaron las fianzas exigidas y recibieron el compromiso municipal de permanecer abiertos hasta que se resolviera el nuevo concurso. “Ahora, en plena temporada de ocio, se les deja fuera sin alternativa. Nadie les ha regalado nada, han invertido, han colaborado con la administración y han financiado la vigilancia de una zona donde no siempre ha estado presente la Policía Local”, ha denunciado.
Desde el sector hostelero también advierten del riesgo de que la zona sufra un abandono similar al que vivió el puerto de Alicante con el cierre de Maremàgnum. “Si nos obligan a cerrar sin una solución inmediata, esta área quedará desierta y a merced de la degradación urbana”, alertan.
El Ayuntamiento niega el cierre forzoso y defiende el cambio de modelo
En respuesta a estas críticas, el Ayuntamiento de València ha desmentido que exista una orden de cierre y ha aclarado que el cese de actividad fue aceptado por los arrendatarios al firmar la última prórroga, que expirará este 4 de mayo. A partir de esa fecha, los empresarios disponen hasta el 31 de mayo para abandonar los locales “de forma ordenada”.
Fuentes municipales explican que ya se había concedido una primera prórroga hasta el 31 de enero y una segunda hasta el 4 de mayo, fecha elegida para permitir que los negocios pudieran aprovechar el puente del 1 y 2 de mayo. Según el consistorio, las condiciones fueron asumidas de forma voluntaria y conocidas desde el principio, por lo que “vincular la destrucción de empleo a la no continuidad de la concesión es una crítica gratuita”.
Además, el Ayuntamiento argumenta que la decisión responde a una apuesta por un nuevo modelo de ocio más sostenible, asegurando que la zona ha acumulado múltiples quejas vecinales por botellones, ruido y contaminación acústica. “Queremos una Marina viva, pero con criterios de convivencia”, indican.
Para garantizar que se cumple el calendario acordado, el consistorio enviará a la Policía Local a partir de la próxima semana para verificar si los establecimientos han cerrado sus puertas conforme a lo pactado.
Mientras tanto, tanto los empresarios como el equipo de gobierno aseguran que han mantenido diversas reuniones y canales de diálogo abiertos, aunque, por ahora, no hay visos de una solución inmediata.
