La aprobación de la ley de amnistía no solo ha sido un gesto de cesión política sin precedentes, sino una afrenta directa al Estado de derecho. Se ha blanqueado el delito, se ha premiado al que huyó de la justicia y se ha convertido en papel mojado la separación de poderes. Y todo por un puñado de votos para mantener un gobierno en pie.
No se trata de una medida de reconciliación ni de pacificación. Se trata de una concesión calculada y electoralista, que ha puesto los intereses personales por encima del interés general. Se ha normalizado que los que atentaron contra la unidad de España, ahora negocien en igualdad con quienes juraron defenderla.
España no puede construirse desde la debilidad institucional
El problema de fondo es que la ley ya no es igual para todos. Si tienes poder de presión, puedes reescribir la historia. ¿Qué mensaje se lanza a los ciudadanos que cumplen la ley cuando ven que otros, por conveniencia política, quedan impunes? La justicia deja de ser un pilar y se convierte en una herramienta.
Muchos alertamos de que esto no acabaría aquí. ¿Qué será lo próximo? ¿Un referéndum pactado? ¿La autodeterminación bajo la excusa de una «convivencia democrática»? El coste de mantener este gobierno será altísimo, no solo en términos jurídicos o políticos, sino en el debilitamiento de nuestras instituciones y la desafección ciudadana hacia el sistema.
La amnistía no es convivencia, es claudicación
No se puede construir una nación fuerte cediendo ante los que quieren romperla. Y no se puede hablar de democracia cuando el precio del poder es socavar la ley y legitimar a quienes la desafiaron. Lo ocurrido marca un antes y un después en la política española. Y la historia, con el tiempo, pondrá a cada uno en su sitio.
