En España, hablar de delitos de odio se ha convertido en un ejercicio de cinismo político. La línea entre lo que es un acto de odio y lo que simplemente supone expresar una opinión o defender una identidad cultural depende, cada vez más, de qué lado político ocupes.
Hoy se puede levantar el puño en alto y cantar «La Internacional» en manifestaciones públicas, mientras se aplaude a partidos que defienden modelos políticos dictatoriales como los de China, Venezuela o Cuba. Se puede incluso apoyar a grupos próximos a organizaciones terroristas como Hamás y no levantar sospechas. Todo bajo el paraguas de la «lucha por los derechos» o el «antifascismo».
Sin embargo, defender la preservación del patrimonio histórico español, acercarse al Valle de los Caídos o reivindicar una visión completa —y no selectiva— de la historia reciente, puede hacerte objeto de investigaciones, insultos y acusaciones de incitar al odio.
¿Dónde está la coherencia? ¿Desde cuándo defender la historia es más peligroso que blanquear regímenes totalitarios?
Libertad de unos, mordaza para otros
Partidos como Podemos y Sumar, que enarbolan el discurso de la memoria democrática, se permiten homenajear símbolos comunistas bajo los que se cometieron auténticos crímenes contra la humanidad, mientras criminalizan cualquier acto que huela mínimamente a conservadurismo o defensa de la tradición nacional.
Y no solo eso. Formaciones como Bildu, herederos políticos de quienes ampararon décadas de terrorismo en España, son socios prioritarios del Gobierno, mientras los ciudadanos que simplemente desean recordar o preservar el legado arquitectónico y cultural de épocas pasadas son vistos como una amenaza.
Una democracia que tolera homenajes a verdugos, pero persigue la memoria de los que lucharon por sus ideales —gusten o no—, no es una democracia sana.
El Valle de los Caídos, objetivo de una memoria selectiva
El Valle de los Caídos, construido para ser un lugar de reconciliación, se ha convertido en diana de los que creen que la historia debe reescribirse al gusto del Gobierno de turno. Más de 33.000 muertos de ambos bandos descansan allí, pero para los adalides de la «memoria democrática», ese dato es irrelevante.
Lo importante, parece ser, no es preservar el patrimonio o recordar todos los matices del pasado, sino construir un relato único, cómodo para sus intereses. Mientras se celebran las gestas revolucionarias de regímenes dictatoriales actuales, aquí se pretende demoler cualquier vestigio que no encaje en el nuevo guion oficial.
Una democracia fuerte no teme a su historia
En lugar de perseguir símbolos incómodos, una sociedad madura debería ser capaz de mirarse en el espejo de su historia con honestidad. Debería permitir cantar «La Internacional» o defender el Valle de los Caídos con la misma libertad.
Hoy, sin embargo, asistimos a un preocupante retroceso: la izquierda que predica inclusión solo admite la suya propia. Y todo el que no se somete a su visión, automáticamente, es señalado como peligroso.
La democracia no se defiende borrando la historia, sino respetando todas las memorias. Aunque incomoden.
