La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha exigido recursos financieros y coordinación al Gobierno central para la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor este jueves.
Nuria Martínez se ha pronunciado sobre los pormenores derivados de la implementación de esta norma tras no formar parte de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia convocada en Barcelona por el Ministerio del ramo para abordar la ejecución de dicha norma “en un ejercicio de responsabilidad con los valencianos”.
Esta decisión ha sido compartida también con los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, La Rioja y Cantabria, que también han desistido participar en el encuentro.
Falta de compromiso
“Como consellera de Justicia de la Generalitat y como responsable, por tanto, del buen funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunitat, Valenciana tengo muy claro que no podía volver a València sin un compromiso por parte del ministro respecto a la financiación que necesitamos para poder atender los costes derivados de la implementación de la ley 1/25”, ha declarado tras abandonar la conferencia sectorial de Justicia celebrada en Barcelona.
“Creo que nadie puede dudar de la necesidad de dotar de una mayor eficiencia y agilidad a la Justicia, pero no podemos eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunitat Valenciana, una autonomía que padece una infrafinanciación estructural y que, además, está afrontando en solitario la reconstrucción y recuperación social y económica tras la tragedia de la riada, ocurrida el pasado 29 de octubre”, ha reivindicado la titular de Justicia.
“El Ministerio de Justicia no debe eludir su responsabilidad y debe garantizar los recursos necesarios para poder implementar la ley con las debidas garantías, debe revisar los tiempos de ejecución de la misma y coordinar su implementación”, ha exigido la consellera Nuria Martínez.
“Seguimos detectando una falta de compromiso por parte del ministerio ante la implementación de esta nueva norma, que producirá grandes cambios en la organización y la estructura judicial. Si no se nos proporcionan los recursos necesarios podemos sufrir el colapso de los tribunales”, ha aseverado la consellera Nuria Martínez.
