Justicia y Administración Pública contará con un presupuesto de 602,64 millones en 2025

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha presentado en Les Corts los presupuestos de su departamento para este ejercicio que asciende a 602,64 millones de euros, un 3,4 % más que en el ejercicio anterior y un 14,43 % más que hace dos años.

Según la consellera, se trata de “un presupuesto realista, fruto de la prudencia, la búsqueda de la eficiencia y la gestión eficaz de los recursos públicos. Gestionar con eficacia es ejecutar el 90 % del presupuesto como hemos hecho durante el ejercicio anterior”, y sus objetivos se centran, entre otros, en conseguir unas infraestructuras judiciales dignas, accesibles y eficientes, digitalizar la justicia, mejorar la atención a las víctimas y el acceso a la Justicia, y avanzar hacia una administración pública más cercana, moderna, ágil y eficaz.

Los programas de Administración de la Justicia y Atención a las Víctimas concentran más del 92 % del presupuesto de 2025, siendo clave para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía.

En concreto, los programas de Administración de la Justicia y Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia contarán con 481,84 millones de euros y de 75,73 millones de euros respectivamente, que en su conjunto suman un 12 % más de recursos que en 2023. Y al capítulo de gastos de personal, se destinan 16,14 millones para el personal de Atención a las Víctimas y 317,09 millones de euros para el de la Administración de Justicia.

Mejoras en las retribuciones del personal de Justicia

En primer lugar, en este capítulo I hay un incremento de casi 25 millones de euros, una cifra que refleja un aumento del 8,5 % respecto al presupuesto de 2024, y del 16 % con relación al presupuesto de 2023. Una cuantía que recoge el incremento en el complemento autonómico transitorio que el Consell se comprometió a actualizar en el acuerdo de legislatura firmado con los sindicatos para, paulatinamente, equiparar este concepto a la media nacional.

“Este incremento cobra especial valor teniendo en cuenta la difícil situación financiera que sufrimos a cuenta del modelo de financiación, y de las necesidades derivadas de la riada del 29 de octubre y constata el compromiso mostrado por el Consell con la mejora de las condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia”, ha remarcado la consellera Martínez.

Hacia infraestructuras judiciales dignas, accesibles y eficientes

Este 2025 la Conselleria de Justicia va a invertir 95,95 millones de euros en infraestructuras judiciales, de los cuales 52,41 millones de euros se destinarán tanto a los proyectos de construcción de las nuevas sedes judiciales de Sagunto, Villena, Xàtiva, Torrent, el Tribunal de marca comunitaria en Alicante o el edificio satélite de la Ciudad de la Justicia de València; como a concluir las obras de las nuevas sedes de los juzgados de Llíria y Alzira, y avanzar en la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante.

Este capítulo destina 26,48 millones a ampliar y reformar sedes judiciales en Ontinyent, Orihuela, Torrevieja, Nules y la Ciudad de la Justicia de Castellón, además de finalizar la rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además, este capítulo incluye 7.953.320 euros para equipamiento por reposición y puesta en marcha de nuevas sedes judiciales y 3.185.460 euros para mejorar la eficiencia energética de infraestructuras judiciales, como por ejemplo en la sede judicial de Vila-real.

Digitalización de la Justicia

“La digitalización y transformación de la Justicia es una prioridad y una de las líneas estratégicas de esta Conselleria”, ha concretado la consellera. Por esta razón en el presupuesto de 2025 se destinarán 5,85 millones de euros a los sistemas de información, investigación, desarrollo e innovación.

Esto supone un incremento de un 190 % los fondos que a este subprograma se destinaron en el presupuesto de 2023, para que la implantación en todos los órganos judiciales de herramientas como el nuevo sistema de gestión procesal Just@ sea una realidad al finalizar este 2025.

Atención a las víctimas y acceso a la Justicia

El programa de atención a las víctimas y acceso a la justicia es el segundo que más peso tiene en el presupuesto de la Conselleria, con 75,73 millones de euros, “revelando así la importancia que para el Consell tiene tanto la protección de las personas víctimas del delito, como garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la Justicia”.

Así pues, la Conselleria destinará 58,3 millones de euros en las cuentas de 2025 para el servicio de asistencia jurídica gratuita, el servicio de orientación jurídica de proximidad de la red Justiprop y el servicio de mediación de proximidad que ofrecen los ayuntamientos y mancomunidades a través de los Mediaprop.

En concreto, se destinarán 56,3 millones de euros para el servicio de asistencia justicia gratuita, que se dirige a aquellas personas que no dispongan de recursos económicos suficientes para litigar en un proceso judicial de modo que puedan hacer efectivos sus derechos.

Por otro lado, la Conselleria de Justicia destinará 1,23 millones al Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad, conocido como Justiprop, que este año aumenta un 23 % respecto al ejercicio anterior. Se trata de un servicio de orientación, asesoramiento e información jurídica, financiado por la Generalitat y prestado por profesionales de la abogacía en las dependencias que los ayuntamientos ponen a disposición de la ciudadanía. Además, en este ejercicio se destinarán 799.980 euros a las subvenciones a ayuntamientos para los Mediaprop, que ofrecen un servicio de mediación de proximidad.

“El derecho a la tutela judicial efectiva constituye uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Todos los valencianos tienen derecho a una justicia digna y eficiente. Por eso es necesario garantizar el acceso a la Justicia para toda la ciudadanía con servicios como el de ofrecido por la red de puntos Justiprop y servicio que prestan los abogados y procuradores a través del turno de oficio”, ha defendido Nuria Martínez.

Administración Pública: 29,85 millones

El área de Administración Pública, que engloba Atención a la Ciudadanía, Función Pública, Formación y Estudios e Inspección General de Servicios recibirá una dotación de 29,85 millones. “Seguiremos trabajando para avanzar hacia una Administración Pública más cercana, moderna, ágil y eficaz”, ha defendido la consellera Martínez.

El servicio de Atención a la Ciudadanía contará con 8,81 millones para impulsar un plan que agilice y mejore la relación con la Generalitat. La Inspección General de Servicios recibirá 1,54 millones para garantizar el cumplimiento legal. Además, se destinarán 8,7 millones a formación y estudios, principalmente para el IVAP, fortaleciendo la capacitación del personal público.

De igual manera en las cuentas de 2025 se destinarán 2,9 millones de euros a becas para la preparación de oposiciones a los distintos cuerpos de grupo A de la administración de la Generalitat, casi 2 millones más que en el presupuesto de 2023. “Somos conscientes de la necesidad de contar con empleados públicos formados y motivados, necesidad que en los niveles más altos es más acuciante por la falta de personal. Necesitamos -y queremos- contar con el talento de los egresados de nuestras universidades, y, por eso, apostamos por estas becas”, ha manifestado la titular de Justicia y Administración Pública.

Autogobierno y señas de identidad

El autogobierno y las señas de identidad son otras de las competencias de la Conselleria de Justicia y Administración Pública. Este año, como novedad, se incrementan un 43 % las subvenciones destinadas a las universidades de la Comunitat Valenciana para el estudio y fomento del autogobierno, al pasar de 70.000 a 100.000 euros y se duplica la subvención a los fondos destinados a entidades locales de la Comunitat Valenciana para la realización de actuaciones en materia de autogobierno, al pasar de 75.000 a 150.000 euros.

Por otro lado, en el año de conmemoración del 750 aniversario de la creación del Juzgados Privativo de Aguas de Orihuela, se incrementa su presupuesto en un 166,87 %, hasta alcanzar los 40.000 euros.