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Se trata de una experiencia innovadora que promueve la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas como evaluadores de las políticas y servicios públicos
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El director general de Transparencia y Participación, José Tárrega, enfatiza que esta iniciativa “supone el compromiso conjunto de las instituciones con la transparencia y la mejora continua de los servicios públicos”
La Generalitat, a través de la Dirección General de Transparencia y Participación, y la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) han impulsado un proyecto piloto de Auditoría Ciudadana Comprometida, un nuevo instrumento de evaluación y seguimiento de las políticas y servicios públicos impulsadas desde el Gobierno valenciano.
Esta iniciativa representa una experiencia innovadora con un enfoque en la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas. De esta forma, se convierten en evaluadores de las políticas y servicios ofrecidos por la Generalitat, con el objetivo de valorarlos y proponer mejoras, atendiendo a dimensiones socioambientales.
La colaboración entre la Generalitat, un equipo de investigadoras del Instituto INGENIO, centro mixto de la UPV, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se ha traducido en el codiseño de una propuesta metodológica y dos experiencias piloto de auditoría ciudadana. La primera de ellas se ha centrado en cuatro servicios de oficinas PROP de Castellón, Valencia y Alicante y la segunda experiencia ha puesto el foco en una convocatoria de subvenciones, proyecto que actualmente se encuentra en su intermedia de trabajo.
El director general de Transparencia y Participación, José Tárrega, ha enfatizado que esta propuesta, en el marco de la Estrategia de Gobierno Abierto de la Generalitat “supone el compromiso del Gobierno valenciano con la transparencia y la mejora continua de los servicios públicos”.
Esta nueva experiencia de participación ciudadana forma parte de las Líneas de acción estratégica del Gobierno valenciano en materia de transparencia, participación y calidad democrática para esta legislatura.
Proceso en cuatro fases
Para llevar a cabo las auditorías ciudadanas comprometidas, se realiza un proceso de formación del equipo motor del servicio público que va a ser auditado. Tras este proceso de formación, se lleva a cabo la selección del equipo auditor de entre todos los ciudadanos y ciudadanas que se hayan ofrecido a participar.
El segundo proyecto piloto de auditoría ciudadana, que se está desarrollando en este momento, recibió más de un millar de solicitudes de participación, que recientemente se han traducido en un equipo auditor ya conformado y para cuya elección se han aplicado los criterios científicos facilitados por INGENIO. La tercera etapa del proceso consiste en facilitar el proceso participativo a través de diversos talleres, tanto con el equipo auditor como con el equipo motor. En la última etapa se realiza un encuentro entre ambos equipos con el objetivo de compartir avances en el marco del proyecto de auditoría.
En ese camino, el personal investigador de INGENIO está ayudando a traducir la complejidad del proceso a través de una herramienta metodológica de auditoría y facilitando cuestionarios tipo que permitan que el equipo auditor pueda valorar todos los aspectos del servicio, política o proceso a auditar, tales como la equidad, la perspectiva de género, la diversidad, la sostenibilidad, la diversidad territorial dentro del territorio valenciano y otros aspectos de relevancia para cada servicio o proceso.
La investigadora de INGENIO y responsable del proyecto, Carola Calabuig ha explicado que “la intención los proyectos piloto de auditoría no es hacer un juicio de las políticas públicas, sino ofrecer una metodología de análisis y una hoja de ruta para poner en marcha el proceso en el futuro con el fin de poder aplicar la Ley de Participación basándose en unos criterios científicos que no solo primen criterios como la eficacia o la eficiencia, sino también otros como la equidad, la participación o la corresponsabilidad con los asuntos públicos”.
La Auditoría Ciudadana Comprometida se enmarca en la Ley 4/2023, de 13 de abril, de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana.
