– Las protestas agrarias no cuelgan el cartel de vacaciones.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) continuará su calendario de movilizaciones con una nueva protesta, el próximo viernes 12 de julio a las 11 horas, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana para reivindicar asuntos que el ejecutivo central tiene pendientes de resolución en materia de sequía, plagas y enfermedades, fauna salvaje, robos, cadena alimentaria, comercio internacional y exigencias medioambientales.
De la misma manera, ahora AVA-ASAJA convoca otra protesta en la Delegación del Gobierno, a la que, en esta ocasión, el resto de organizaciones han decidido no participar.
Su presidente, Cristóbal Aguado, afirma que “somos objetivos y vamos a seguir manifestando nuestro malestar frente a todas y cada una de las administraciones que no atiendan nuestras reivindicaciones, sean del color que sean. El único color que nos mueve ha de ser el verde del campo”.
A través de tractores y personas concentradas en la Plaza del Temple, AVA-ASAJA reivindicará una batería de medidas al Gobierno central, tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio para la Transición Ecológica y el resto del ejecutivo que tiene competencias que afectan directa o indirectamente al sector agrario.
En el año hidrológico más seco y cálido desde que hay registros, la entidad solicita una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de aguas depuradas; mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; y aprobar o ampliar ayudas directas a los sectores agropecuarios para paliar las pérdidas económicas derivadas de la sequía y la guerra en Ucrania.
Respecto a la lucha contra las plagas y enfermedades, AVA-ASAJA exige impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces.
Asimismo, insta a autorizar la cría y liberación masiva del parasitoide Anagyrus fusciventris para el control biológico del cotonet Pseudococcus longispinus, principal plaga del caqui; autorizar productos fitosanitarios, distintos a la familia de las estrobirulinas, para evitar resistencias en el control de la piricularia del arroz; o autorizar la materia profoxydim, un herbicida contra las malas hierbas del arroz Echinochloa y Leptochloa, tal como han aprobado los gobiernos de Italia y de Portugal.
Entre las medidas para reducir la burocracia destacan la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; implantar el régimen simplificado de la PAC para pequeños y medianos agricultores (aquellos que perciben menos de 5.000 euros de ayudas directas al año); eliminar la obligación de tener un asesor en gestión integrada de plagas en explotaciones menores de 15 hectáreas en regadío y 30 en secano; y suprimir la obligatoriedad de realizar fotografías georreferenciadas. AVA-ASAJA también insiste en el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con prohibición expresa de venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción.
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La organización agraria pide a Madrid que “se plante y deje de ser un don nadie en Bruselas”.
Las demandas fundamentales consisten en exigir reciprocidad o ‘cláusulas espejo’ en todos los acuerdos comerciales con terceros países, así como la revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica; paralizar las negociaciones del tratado con Mercosur; defender una cláusula automática de salvaguardia a las importaciones de arroz; reorientar las políticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos; y en ese sentido reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad agraria europea, por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Otras reivindicaciones son aprobar una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; una rebaja significativa del módulo del IRPF agrario; revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario, entre otras asignaturas pendientes.
