– El portavoz de vivienda del GPP señala que “las medidas concretas anunciadas por Mazón para impulsar la construcción de viviendas sociales y de protección oficial son el mejor aval para cumplir con el reto de 10.000 viviendas en esta legislatura”
– “La necesaria colaboración entre todas las partes implicadas genera dinamismo y agilidad para poner en marcha más viviendas sociales y protegidas”
El portavoz de Vivienda del Grupo Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha señalado que “las medidas anunciadas por el president del Consell, Carlos Mazón, en vivienda social y protegida pondrán fin a ocho años en blanco del Botànic y son el mejor aval para hacer efectivo el compromiso de construir 10.000 viviendas sociales y de protección oficial en la Comunitat Valenciana durante la presente legislatura”.
Para Pastor “la concreción de medidas como es la necesaria colaboración entre ayuntamientos, constructoras y Generalitat Valenciana, así como facilitar la ejecución de los proyectos o la agilización de las licencias municipales de obras, generará dinamismo y eso se traduce en más vivienda social y de protección oficial para satisfacer la deuda generada por el Botànic en esta materia”.
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Pastor ha enfatizado que “en solo 3 meses, el Consell de Carlos Mazón está adoptando más medidas y tomando más decisiones para activar la construcción de vivienda social y protegida en la Comunitat Valenciana que el Botànic en 8 años”.
Además, el portavoz de Vivienda del GPP en Les Corts valora positivamente que haya más consellerias, no solo la competente en materia de Vivienda, trabajando para generar las condiciones más favorables para que la dinamización del mercado de la vivienda protegida sea una realidad en la Comunitat.
En este sentido, Pastor ha resaltado que “desde la Conselleria de Hacienda se prevé en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024 contemplar tipos superreducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los menores de 35 años y colectivos más necesitados, como son las familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género o familias con bajos recursos, lo que supone rebajas que van a llegar hasta el 25%”.
