El Ayuntamiento de Burjassot gobernado por el PSPV ha recibido un varapalo judicial por Sentencia 19 de junio de 2023 de la Secc.4ª de la Sala de lo C-A del TSJ de la Comunidad Valenciana al condenar a la Entidad a pagar a los recurrentes- expropiados la cantidad de 14.245.189,68.-€, en concepto de justiprecio, por la expropiación de tres fincas en el Parque L´Eixereta de Burjassot.
Descontando los 779.140,31.-€ ya pagados entre 2018 y 2020, el equipo de gobierno (PSPV) llevó al Pleno de 27/7/23 (Punto 4. Exp. 2023/9534V) para su aprobación, la concertación de un préstamo a largo plazo para pagar la diferencia de 13.466.049,36.-€ generada por la cifra de justiprecio fijada en la referida de la Sentencia, endeudando así a los vecinos de Burjassot.
A esta cifra hay que añadir, la que resulte de calcular los intereses legales devengados que deberá abonar el Ayuntamiento hasta la fecha de pago, todavía pendiente, y que mucho nos tememos que será muy elevada, teniendo en cuenta que el TSJ fija el inicio de su computo en el año 2001 (fecha de la ocupación ilegal), esto es, desde hace 22 años.
Una negligente e irresponsable gestión de este asunto de expropiación por parte del equipo de gobierno socialista que ha afectado a la fecha de valoración de los bienes, al justiprecio a pagar y al cálculo de intereses devengados. Y, por ende, a la cantidad a la que se va a endeudar a los vecinos de Burjassot.
Por su ocupación ilegal de las fincas; su inactividad, suspensiones y obstáculos; y su , incumplimiento en su deber de diligencia al tramitar el expediente. Y no lo decimos el Partido Popular, sino la propia Sentencia del TSJ:
(Pag. 10) “(…) En la resolución del jurado se toma como referencia la fecha la de 19 de octubre de 2017 que fue la fecha de la notificación a los expropiados para que presentasen su hoja de aprecia. La Sala no puede aceptar como referencia esa fecha a la vista de los avatares sufridos por la tramitación de un expediente expropiatorio que se ha demorado en exceso, por los obstáculos que ha opuesto la Corporación actora. Se trata de un expediente que se inicia en 2001 con una solicitud de parte de indemnización de por ocupación ilegal de las fincas 1029, 1518 y 1528 y que no se resuelve hasta el año 2018 como consecuencia de la inactividad, omisiones y suspensiones sin motivo del Ayuntamiento actor”.
(Pag. 12) “QUINTO. .. De igual modo, se debe rechazar la valoración del Ayuntamiento demandante que se apoya en el dictamen del técnico municipal Sr. Ávila Fernández que parte de la misma fecha de valoración y de unos parámetros que la Sala cuestiona, además de la parcialidad de informe defendiendo las tesis de una parte que en todo momento no ha cumplido con el deber de tramitar en tiempo y forma el expediente que le incumbía”.
Además, desde Intervención se ha advertido que, de no ser porque está suspendida en 2023 la obligación para las Administraciones Publicas de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y deuda, se incumpliría dicho objetivo en – 12.621.462,42€.
Y, no solo no se asumen responsabilidades por el equipo de gobierno local (PSPV), sino que tampoco se da explicaciones a la oposición, que las pedimos. Lo que, es más, nos sorprende para mal la frivolidad con la que se toma esta cuestión el Alcalde Socialista, Rafa García, que, ante la pregunta de nuestro Grupo por el desfase en el justiprecio de casi 13,5 mill.€ y lo elevado de dicha cantidad, nos respondió, ironizando: “Ya sabemos cómo son los Juzgados”, sin más aclaración, menospreciando a los Tribunales, y demostrando lo poco o nada que le importa endeudar al Ayuntamiento, y, por tanto, a los vecinos de Burjassot.
