La Junta de Gobierno adjudicará este viernes, día 25, el contrato para el suministro del sistema de gestión y control para implantar una zona de bajas emisiones en Valencia por un importe de 10.863.541,84 euros y un plazo de ejecución de dos años.
El sistema constará de 274 cámaras de lectura automática de matrículas distribuidas en 93 puntos, 52 sensores de medición ambiental, 44 paneles de información y una aplicación para monitorizar y controlar la calidad del aire. Además, contempla una campaña dirigida a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto.
El sistema de gestión y control irá regulado de acuerdo con una ordenanza municipal que actualmente se encuentra en proceso de elaboración. Junto con los lectores de matrículas, sensores medioambientales y paneles informativos. También ofrecerá un servicio de desarrollo de todas las aplicaciones informáticas necesarias para gestionar, operar y controlar los equipos. Así como para comunicar los diferentes componentes entre sí y con sistemas externos.
También forma parte del contrato el suministro de los equipos y sistemas informáticos destinados a alojar y procesar las aplicaciones informáticas y almacenar la información. Así como el servicio de desarrollo de un sistema avanzado para monitorizar y controlar la calidad del aire. Esto se complementará con una campaña de información dirigida a la ciudadanía para dar a conocer y concienciar sobre el proyecto de implantación de la zona de bajas emisiones.
Este contrato ha recibido una subvención del 90 % de su presupuesto base, sin IVA, de los fondos europeos Next Generation, en el marco de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El contrato se adjudica a la UTE Eysa *Aluvisa-ZBE Valencia.
Lectores de matrículas
La idea es colocar 274 cámaras que leerán las matrículas de los vehículos en 93 puntos. Así con una base de datos de los vehículos controlarán el acceso a la capital valenciana de estos vehículos. Se está elaborando una ordenanza municipal que regulará el acceso de estos vehículos. De tal manera que se multará a los que no tengan permitido el acceso según la futura normativa.
Algo parecido al sistema de cámaras de acceso en la APR de Ciutat Vella que en menos de tres meses ha impuesto más de 1,5 millones de euros en sanciones a los valencianos.
Calidad del aire
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a introducir medidas de mejora de la calidad del aire. Además de la mitigación de los gases de efecto invernadero derivados de la movilidad urbana con la creación de una o varias zonas de bajas emisiones.
En la ciudad de Valencia, según los datos recogidos en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de los automóviles privados en el año 2021 emitió a la atmósfera más de un millón de toneladas de dióxido de carbono. Además de 319.933 toneladas de óxido nitroso. Igualmente, el tráfico rodado representa en Valencia el 68 % del total de las emisiones de CO₂.
