El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha denunciado hoy que el Consell está poniendo en riesgo la inversión de 8.000 millones en avales en el sector de las fotovoltaicas y 3.000 puestos de trabajo con su “decreto chapuza” que genera “inseguridad jurídica, retrasos y tensiones entre municipios”.
Así lo han denunciado hoy los portavoces de Industria y Medio Ambiente del GPP, Felipe Carrasco y Elisa Díaz, quienes han denunciado que “el Consell se ha convertido en un repelente de inversiones”. Ya que “con el Botànic no se ha instalado ni un solo molino, ni un solo megavatio eólico”.
En materia fotovoltaica se ha generado “un cuello de botella” debido a que el Consell ha congelado las tramitaciones durante años. “La legislatura pasada se cerró prácticamente en blanco. Con sólo dos zonas liberadas para eólicas y 50 megavatios aprobados de fotovoltaicas”. Y esto ha supuesto que haya 421 proyectos “acumulados” debido a “cuatro años de desidia”.
Después de casi seis años, han explicado, el Consell aprobó un Decreto ley que es “papel mojado”. Ya que su tramitación solo ha traído “disgustos, controversias y paralización”.
Así, ha explicado que actualmente las empresas tienen hasta 8.000 millones de euros en avales listos para invertir en instalaciones de energías renovables en entornos rurales de la Comunitat, que generarían 3.000 puestos de trabajo.
8.000 millones en el aire
A esto hay que añadirle que el Consell está incumpliendo su propio Decreto Ley al vulnerar los plazos que establecen para que se tramiten los expedientes, llegándose a dar la circunstancia a la que se ha visto obligado el Consell de comunicar a las empresas solicitantes de proyectos de renovables en la Comunitat la admisión a trámite con retroactividad a fecha anterior a 2021 para evitar que los avales se ejecuten ante la falta de tramitación.
Así, ha explicado que “el PSOE y Podemos en 2020 aprobaron en el Gobierno central una normativa que pedía que antes de terminar ese año se tenían que admitir a trámite los proyectos. Y conforme a esta normativa el Consell aprobó una decretazo en agosto que establece dos meses para esa admisión a trámite. Cuando en otras comunidades autónomas se admite a trámite en tres días”.
“Es todo una barbaridad” porque prácticamente todos los proyectos “se quedaron en un limbo”. Y además “han puesto en riesgo los 8.000 millones en avales. Ya que, ante el silencio administrativo negativo, habrían caducado todos. De ahí que el Consell se viera obligado, ante su nefasta gestión, a enviar un comunicado en el que se manifiesta que la admisión a trámite de los proyectos tendría efectos retroactivos a la fecha indicada en la normativa nacional”.
El Consell apuesta por las megaplantas
“Todo es una contradicción ya que, en otras CCAA se tiende a presentar proyectos por debajo de los 50 megavatios porque la tramitación por parte de esas CCAA, es más rápida que la tramitación en el Ministerio. Y el impacto medioambiental es menor según el Consell”. Sin embargo, han explicado, “en la Comunitat Valenciana, se están tramitando más rápidamente proyectos de más de 50 megavatios. Que los tramita el Ministerio, que los de menos, que los tramita la propia Generalitat”.
“La actual política del Consell favorece la instalación de megaplantas fotovoltaicas. En lugar de favorecer a las pequeñas plantas que producen un impacto en el territorio menor” han señalado.
Además, han criticado los agravios comparativos que está provocado el Decreto ya que “a falta de una política común aplicable de manera ordenada en todo el territorio de la Comunitat. Se producen tensiones entre municipios. Ya que mientras uno puede verse con gran parte de su terreno ocupado con fotovoltaicas, el colindante puede no tener ni una sola planta”.
