El Juzgado de Instrucción 1 de Valencia admite a trámite la denúncia por prevaricación contra Ribó
La Asociación de Mercados Municipales de la Comunitat Valenciana presentó hace unas semanas una demanda por PREVARICACIÓN contra el Alcalde de Valencia, Joan Ribó. Así como también contra el concejal Carlos Enrique Galiana y contra el secretario municipal José Antonio Martinez.
Decreto municipal que acortaba los horarios de venta de los mercados municipales
La Asociación de Mercados Municipales CV presentó una demanda contra el alcalde Ribó como contestación a la Moción del Concejal Delegado de Comercio, Carlos Enrique Galiana Llorens, de fecha de 23 de marzo de 2020, en el expediente E-02901-2020-000558-00 del Ayuntamiento de Valencia.
“Aprobar la modificación del horario de apertura al público de los mercados municipales de distrito, durante el estado de alarma declarado por el Gobierno de España o sus eventuales prórrogas, estableciéndolo de lunes a sábados, de 9 a 14 horas. Las personas vendedoras podrán entrar a los mercados de distrito a las 8 horas y salir de los mismos a las 15,30 horas, para abrir y cerrar sus puestos de venta, preparar, aprovisionar o retirar sus géneros. Adaptar, durante el referido estado de alarma o sus eventuales prórrogas, el horario especial de trabajo del siguiente personal del Servicio de Comercio y Abastecimiento:”
Una Resolución municipal que entró en vigor el pasado 25 de marzo tal y como indica la propia denuncia.
Contrasta lo expuesto con lo que reconoce la propia moción que es el motivo real de la reducción de horarios
La única causa alegada en la Moción es porque: “un tercio de la plantilla de los funcionarios/as vigilantes y encargados de mercados de distrito tienen permiso de permanencia en sus domicilios, teniendo la consideración de deber inexcusable, por tener a su cargo menores (entiéndase por éstos aquellos que tengan 12 años o menos) o mayores dependientes (acreditándose mediante certificación de dependencia emitida por el órgano correspondiente) y se encuentran afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, o debido a patologías previas, medicación o trastornos inmunitarios, son considerados especialmente sensibles al riesgo frente a la exposición al coronavirus, resulta necesario reducir el horario de apertura al público de los mercados para que se garantice la apertura, vigilancia y cierre de los mismos y, en consecuencia, el abastecimiento alimentario a la población.”
De ello se deriva que la única causa para decretar ese ajuste de horarios fue la falta de personal por parte de la Concejalía de Comercio, y se utilizó como excusa el Decreto de Alarma para así justificar una decisión que parece bastante irregular y puede ser constitutiva de delito, tal y como ha apreciado el Juzgado 1 de Instrucción de Valencia.
El Ayuntamiento dió a entender que la decisión era por causas sanitarias cuando sabía que no lo era
Así, en numerosos medios de comunicación locales se dio a entender que la reducción de horario se decidió por el consistorio por razones sanitarias beneficiosas para todos los ciudadanos.
También la Delegación del Gobierno a la propia Asociación de Mercados Municipales de la Comundad Valenciana comunica que no tiene noticias que derivado del Real Decreto del Gobierno se deba efectuar una reducción horaria en los mercados municipales.
Vulneración de la legalidad evidente regulando sobre algo de lo que no tiene competencias en el Estado de Alarma
Por otra parte, el Estado de Alarma no permite que se realicen Decretos durante el Estado de Alarma. Así la propia regulación del Estado de Alarma afirma:
“A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad.”
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Valencia, como administración local, no puede regular y dictar resoluciones mientras esté activo el estado de alarma, ya que la única administración competente para regular cualquier aspecto y sector es el Gobierno Estatal.
A parte de la vulneración evidente de la Ordenanza Municipal del propio Consistorio que regula al venta en los Mercados Municipales.
El Juzgado de Instrucción acepta la demanda e incoa diligencias
Así, visto todo esto, entre muchas otras situaciones, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valencia decide Incoar Diligencias Previas, dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal contra los demandados Joan Ribó, Carlos Enrique Galiana y el secretario municipal que firmó la resolución.
La Asociación de Mercados Municipales acusa a Ribó de falta total de empatía
José Pérez, presidente de la Asociación de Mercados Municipales de la Comunidad Valenciana afirma que «Ya intentamos resolver esta situación pero no fue posible, a pesar de la advertencia al Consistorio«.
«Los mercados estamos arruinados y el Ayuntamiento de Ribó es el único Ayuntamiento de España que no ha ayudado a sus comerciantes vía reducción de tasas o exención de impuestos«.
Afirman que esta decisión de reducción de horarios junto con otras medidas tomadas han causado un gravísimo perjuicio económico contra las personas titulares de las concesiones que han visto mermados sus ingresos de forma considerable.
La línea roja de Compromís se vuelve a desdibujar. La Transparencia quedó para el olvido
Esta línea roja ya se ha cruzado en numerosas ocasiones, y de nuevo será cruzada. Esta demanda por prevaricación afecta al propio alcalde Joan Ribó y es la primera que se acepta a trámite y se procede a la investigación al alcalde, al concejal de Mercados y al Secretario que firmó dicha resolución.
La transparencia y la legalidad parecen cada vez más cosa del pasado en un Ayuntamiento donde cada vez hay más denuncias por falta total de transparencia, opacidad total y una gestión donde se aplica especialmente el rodillo parlamentario que tanto se criticaba anteriormente de gobiernos pasados. Ahora con el apoyo cómplice de Sandra Gómez ( PSPV) Ribó y Compromís manejan el Ayuntamiento del Cap i Casal como su propio cortijo.
